Un juez imputa al equipo de gobierno de Súria por la licencia de obras a Iberpotash

La autorización del Ayuntamiento de Súria para que la compañía Iberpotash iniciara las obras de una rampa de 4,7 kilómetros y 900 metros de profundidad en la mina de Cabanasses continúa dando coletazos. El Juzgado de Instrucción número dos de Manresa ha decidido imputar a toda la junta de gobierno del Consistorio, incluido el alcalde Josep Maria Canudas (CiU), al secretario y al arquitecto municipales por la licencia de obras que otorgaron a la compañía minera para que abriera una pista forestal y construyera una plataforma de 2.750 metros cuadrados a partir de la cual iniciar los trabajos de la galería, pese a que no estaba aprobado el pertinente plan especial urbanístico que debía permitirlos.

Sobre todos los imputados pesa un presunto delito de prevaricación urbanística. Afecta, además de Canudas, a los tenientes de alcalde Joan Castellà (CiU), Miquel Caellas (AIS), Àngel López (Esquerra-AM) y Carme Besa (CiU), además de Miquel Salmerón (secretario) y Jaume Espinal (arquitecto). En el caso de Castellà, primer teniente de alcalde, sobrevuelan también denuncias por tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude y exacciones ilegales. Según el fiscal, este cargo público es además el propietario de los terrenos afectados alquilados a Iberpotash.

La imputación no es nueva. Es la respuesta a un recurso presentado por la CUP después de que el juez decidiera archivar una denuncia previa presentada por el abogado Christian Morrón a instancias de un competidor de Iberpotash en noviembre pasado. En este caso, el juez ha cambiado de criterio, siguiendo el criterio del fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, quien afirma que "faltando una serie de diligencias" de prueba no se puede sobreseer la denuncia.

El fiscal reclama que el Ayuntamiento de Súria facilite todas las resoluciones administrativas e informes que se dictaron para dar la licencia de obras y lo mismo reclama a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat vinculados a la construcción de la rampa de la mina de Cabanasses. Asimismo, solicita a Iberpotash copia del contrato de alquiler de las fincas de la pista y la rampa.

El abogado Eduardo Ruiz, que lleva el caso por parte de la CUP, celebró ayer la decisión, al considerar que se trata de "supuestos delitos que afectan a la credibilidad de la administración con una actuación arbitraria". Benjamí García, letrado en representación del Ayuntamiento de Súria, consideró que el juez "ha cambiado el criterio de forma injustificada, sin la más mínima argumentación" y anunció que el Consistorio ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. Según sus argumentos, la junta de gobierno del Ayuntamiento cumplió lo que decía la Generalitat, administración en la que estaban implicados Medio Natural, Urbanismo y Minas.

Iberpotash inició los trabajos de la galería de la mina de Cabanasses en septiembre de 2012, antes de tener en regla toda la planificación. Como consecuencia, y a partir de una denuncia, el Departamento de Territorio de la Generalitat se vio obligado a paralizar las obras hasta que no estuviera listo el plan especial urbanístico que legalizaba el camino de paso, que fue aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero.