Gipuzkoa convence a la Fiscalía en su litigio con Adegi por las residencias

La Fiscalía se presentó este martes del lado de Adegi en el juicio que la patronal guipuzcoana mantiene con el Gobierno foral de Bildu por el conflicto de las residencias de ancianos, pero cambió de posición al término de la vista oral, tras escuchar las pruebas que se expusieron ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El ministerio fiscal concluyó finalmente que el Ejecutivo foral no ha vulnerado el derecho de Adegi a la negociación colectiva, por lo que solicitó la desestimación de la demanda.

La Sala de lo Social del máximo tribunal vasco, que preside la magistrada Garbiñe Biurrun, debe dirimir la demanda que interpuso Adegi el pasado 21 de noviembre contra la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de aportar 8,2 millones de euros para financiar las mejoras laborales de los 4.200 trabajadores de las residencias de la tercera edad. La demanda de la patronal se extiende a los sindicatos ELA, LAB, UGT y CC OO, y la patronal del sector Lares.

El tribunal espera resolver el procedimiento antes de finalizar este mes. Durante el juicio, aunque la fiscal María Ángeles Montes apoyó las tesis de la Diputación, realizó un “reproche” a su actuación en el conflicto laboral al calificarla como “irregular”. “No es la más correcta”, agregó la fiscal, porque la legislación establece “otros mecanismos para actuar”.

El fallo del máximo tribunal vasco se espera para finales de este mes 

La defensa de Adegi expuso que el Gobierno foral cometió “una injerencia grave” en el derecho que asiste a la patronal en la negociación del convenio laboral de las residencias y que la actuación foral no tenía como finalidad la de “mediar”, sino “imponer determinadas condiciones” a los trabajadores, lo que supone una “extralimitación” en sus funciones.

El representante de la patronal recordó que el derecho a la negociación colectiva es uno de los derechos fundamentales que asiste a los trabajadores y a los empresarios, de ahí que la Diputación se erigió en “garante” de una de las partes y asumió un papel que “no le corresponde”.

En su demanda, Adegi reclama a la Diputación una indemnización de 187.000 euros por daños y perjuicios. Antes de iniciarse el juicio, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, criticó la “obsesión enfermiza” de Adegi con el Gobierno foral de Bildu. También opinó que la denuncia “no tiene recorrido jurídico”, porque la intervención del departamento social que dirige Ander Rodríguez, se produjo ante el bloque de las negociaciones del convenio de las residencias y solo pretendía, a su juicio, “garantizar los derechos de los trabajadores de las residencias” y de sus usuarios.

La patronal aduce que la “injerencia” de la Diputación es “ilegal

Después, en la sala de vistas, el letrado de la institución foral argumentó que la ley vasca de Servicios Sociales otorga a las Diputaciones la obligación de financiar las residencias de las personas mayores y velar por la calidad del servicio. Afirmado que a lo largo de la negociación, y ante la situación de “bloqueo” del proceso, la Diputación fue “interpelada” por todas las partes, incluso desde las Juntas Generales y, por ello, estaba obligada a intervenir. Además, según la versión foral, la Diputación no se podía “desentender” de la situación porque estaba en juego “necesidades de personas”, por lo que no hubo “intromisión ilegítima”, ni hubo vulneración del derecho a la negociación colectiva de Adegi.

El abogado de la Diputación añadió que la negociación no se vio “perturbada en absoluto” por su actuación, y puso como prueba que algunas empresas que prestan servicio en las residencias firmaron los convenios con los trabajadores al margen de la oposición que estaba planteando Adegi durante las conversaciones.

Por su parte, el sindicato ELA defendió la propuesta de la Diputación en su afán de garantizar la calidad del servicio asistencial y para dar una “salida” a la situación de bloqueo. La Federación de Sanidad de CC OO de Euskadi consideró que la demanda interpuesta por Adegi es una “pataleta” que responde a la “escasa voluntad de diálogo” de la patronal durante la negociación. Y LAB exigió a la patronal guipuzcoana que abandone su “arrogancia” y desista de su confrontación contra el acuerdo de la Diputación sobre las residencias y centros de día del territorio.