Salud revisa el decreto antiexclusión, en el que invertirá 164 millones en 2014

 En los ocho meses que lleva en vigor, el decreto de lucha contra la exclusión social de Andalucía ha atendido a 150.000 personas. Nació como una norma de medidas urgentes para paliar necesidades básicas, pero el Gobierno andaluz ha decidido prorrogarlo en 2014. Aunque según ha avanzado este jueves la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la Junta está evaluando su funcionamiento con entidades sociales y en los próximos meses se aprobará un decreto nuevo que prescindirá de algunas medidas del actual e incluirá otras nuevas. “La situación es cambiante y puede haber líneas que ya no procedan y otras que hagan más falta”, ha explicado Sánchez Rubio, que ayer hizo balance del funcionamiento del decreto con el que, entre otras medidas, se intenta garantizar tres comidas al día a los escolares andaluces de familias desfavorecidas.

La necesidad de hacer algunos cambios en el decreto ha llegado desde las entidades y asociaciones que trabajan con los beneficiarios de esta norma. Los cambios para el nuevo texto se centrarán, sobre todo, en reforzar las fórmulas que permitan dotar a las familias de ingresos económicos. “Es lo que más dignifica a la persona”, ha señalado Sánchez Rubio, que se mostró partidaria de potenciar las ayudas ligadas al empleo. “Si los ingresos provienen del trabajo que uno realiza todavía dignifica más. Las personas no quieren ayudas, sino trabajo”, ha afirmado la consejera.

La Junta apuesta por reforzar las ayudas ligadas a contrataciones

La suma de las partidas recogidas en el Presupuesto del año que viene entre las distintas consejerías implicadas en el decreto cifran en 164 millones de euros el dinero que destinará la Junta en 2014 a esta norma, según avanzó Sánchez Rubio. En materia de empleo, el programa de ayuda a la contratación a través de Ayuntamientos, en el que se han invertido 40 millones de euros, ha permitido hacer contratos temporales a alrededor de 26.000 personas, según las estimaciones realizadas por el Gobierno andaluz a partir de los 359 Ayuntamientos que ya han facilitado sus datos a la Junta. En esos municipios, que representan el 46,74% de los acogidos al decreto (todos los Ayuntamientos andaluces excepto tres) se han hecho 11.690 contrataciones. Los municipios podían elegir la duración de los contratos en una horquilla de entre 15 días y Tres meses y, según los datos aportados por la consejera, la duración media de las contrataciones cerradas ronda el mes y medio.

La norma contemplaba también una partida de 20 millones de euros para mantener puestos de trabajo de ayuda a domicilios. Este programa ha permitido conservar el empleo a 2.200 trabajadores de ayuda a domicilio que dan servicio a 13.500 usuarios.

Una de las patas del decreto que más expectación ha generado es el programa de solidaridad y garantía alimentaria, en el que se han invertido 16 millones de euros, siete de los cuales han ido destinados a planes de ayudas específicas para garantizar la alimentación de los menores. Dos millones de euros se han destinado al reparto de tres comidas al día en los comedores escolares, del que se benefician ya 16.749 niños de 1.003 colegios. En los meses de verano se reservó una partida de 1,8 millones para mantener el programa de entrega de alimentos en las zonas de transformación social a través de las escuelas de verano, lo que permitió atender a 4.000 menores. Además, se han destinado cuatro millones a ampliar las ayudas económicas a las familias con niños a su cargo, lo que, según el balance expuesto por Sánchez Rubio, ha permitido atender a 22.500 familias más.

El decreto contempla también un plan enfocado a las personas mayores, con el que se ha reforzado el programa bonificado del servicio de comedor de los centros de participación activa y una línea de servicio de comida a domicilio para los mayores con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor. En Almería, Córdoba y Huelva, las tres provincias de las que hay datos, se están atendiendo a 8.728 personas.

La última pata de la norma proponía medidas para agilizar la concesión del ingreso mínimo de solidaridad, el llamado salario social, después de que tanto el defensor del Pueblo andaluz como el PP denunciara que los beneficiarios esperaban hasta nueve meses desde que se lo concedían hasta que empezaban a cobrarlo. Tras tomar posesión como presidenta de la Junta, Susana Díaz se comprometió a resolver los expedientes en dos meses, el plazo que marca también el decreto de exclusión. Según la consejera de Políticas Sociales, ya se ha conseguido que la espera media sea de 2,7 meses. En 2013 se han concedido 55.577 salarios sociales, 22.000 más que el año pasado.