Rigau se opone a la recentralización de las becas por el Gobierno central

Recentralizar la gestión de las becas y ayudas al estudio, recortar competencias sobre evaluaciones educativas y fusionar las plataformas de educación a distancia. Son algunas de las medidas que contempla el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), elaborado a petición del Gobierno central con el objetivo declarado de eliminar duplicidades. El contenido del informe, de 700 páginas, ya ha generado el rechazo de la Generalitat y de la mayoría de partidos, excepto PP y Ciutadans.

Desde 2005, Cataluña —y también Andalucía—, tiene firmado con el Ministerio de Educación un convenio de colaboración por el cual el Gobierno convoca las ayudas y traspasa la dotación para becas a la comunidad autónoma. Esta se encarga de la tramitación, resolución y pago de las ayudas, alrededor de 100 millones de euros, que beneficia a cerca de 100.000 alumnos de secundaria, FP o universitarios. Pero según el informe del CORA, la existencia de este convenio “genera retrasos en la gestión de las becas”, por eso “se plantea la gestión por una sola administración”, que sería el Ministerio de Educación.

El documento propone fusionar las plataformas de educación a distancia

En este sentido, el informe recuerda lo sucedido el curso pasado, cuando a fecha de abril de 2013, la Generalitat no había concedido las becas no universitarias. No lo hizo hasta que el curso ya había finalizado. Entonces, el Departamento de Enseñanza, dirigido por Irene Rigau, culpó del retraso al hecho de que el convenio con el Gobierno central se había firmado en marzo, cuando el año anterior se había rubricado en diciembre.

Además, el texto aduce razones económicas y calcula que se podrían ahorrar cerca de millón y medio anual de euros, en concepto de lo que paga el Gobierno central a Cataluña por la gestión. Pero desde 2005, el Estado no ha pagado ni un euro de esta cláusula de compensación económica, reconoce el CORA, acumulando una deuda de 5,6 millones.

Esta recentralización choca con la normativa actual y las sentencias judiciales. De hecho, según reconoce el informe de la Comisión, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2001 reconoció el derecho de Cataluña a las becas. Para dar cumplimiento a ella, los convenios bilaterales suponían un primer paso mientras no se materializa el traspaso oficial, previsto en el Real Decreto 1721/2007. Pero este todavía no se ha producido y es el argumento que la Generalitat esgrime para recurrir al Constitucional el Real Decreto 609/2013 y la Resolución del Ministerio de convocatoria de las becas generales del curso 2013-14 por vulneración de competencias autonómicas.

Esta unificación también llegaría a la convocatoria de subvenciones y ayudas para la formación de los profesores investigadores

Además de las becas, el informe del CORA recoge otras medidas que con mucha probabilidad generarán polémica, como la recentralización en la educación a distancia. La Comisión considera que las plataformas como el Institut Obert de Catalunya, se “exceden en muchas ocasiones de sus ámbitos territoriales” porque la tecnología así lo permite y propone agruparlas en una estatal. También se propone “redimensionar” las entidades autonómicas que se realizan las evaluaciones de los alumnos, como el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo en Cataluña, ya que con la reforma educativa se potencian los exámenes controlados por el Estado.

En el ámbito universitario, el CORA también recela de la existencia de agencias autonómicas que evalúan los planes de estudios, como la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), “homologadas internacionalmente”, admite. El documento recuerda que estas tareas también las realiza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en todo el territorio. Por ello, se propone “la unificación en una sola agencia de los organismos encargados de la evaluación y acreditación de titulaciones y profesorado universitario”.

Esta unificación también llegaría a la convocatoria de subvenciones y ayudas para la formación de los profesores investigadores. “Esta medida no entraña una reducción de las ayudas”, arguye la memoria, que propone sumar los fondos estatales y autonómicos.

La Generalitat rechaza el informe y asegura que muchas de las propuestas son anticonstitucionales por la vulneración de competencias. No obstante, el Gobierno catalán se muestra prudente y relativamente optimista porque se trata del texto de una comisión “no vinculante”. Además, espera que el redactado sufra modificaciones notables y se rebaje el tono recentralizador, tal y como ha pasado en otras ocasiones, como en la reforma local. “El informe es un texto de máximos, que puede modularse. O puede acabar en cajón o en decreto ley. Todo depende voluntad política”, concluye un portavoz de la Generalitat.