La sanidad pública clama contra las áreas de gestión que planea la Xunta

“Gestionan mal la sanidad pública y ahora pretenden privatizarla”. Los trabajadores de los centros sanitarios gallegos no quieren oír hablar de las áreas de gestión clínica que el Sergas va a poner en marcha: departamentos integrados por personal voluntario a través de los cuales la Consellería de Sanidade pretende reorganizar la asistencia hospitalaria y la de Primaria con incentivos salariales a los profesionales que recorten en el gasto. Las juntas de personal de la práctica totalidad de los hospitales y centros de salud se oponen frontalmente al Decreto que está a punto de publicarse en el DOG y piden al Sergas que paralice su aplicación hasta que lo presente a la Mesa Sectorial y lo pacte con los sindicatos. Están convencidos de que es un paso hacia la privatización en el “contexto de recortes en la sanidad pública, copago de medicamentos y pérdida de derechos”.

“Nos van a privatizar. Y nos ofrecen dinero a cambio de que ejecutemos nosotros los recortes: no lo aceptaremos”, repiten los representantes sindicales, alarmados por lo que consideran un avance grave en el deterioro de la asistencia sanitaria mediante su utilización “como ejecutores del sistema público”. Todos matizan que no están en contra de la gestión clínica, pero sí del modelo que intenta imponer el Sergas con un decreto que “contiene aspectos cuestionables desde un punto de vista deontológico como ligar incentivos salariales al ahorro y no a la obtención de buenos resultados en la salud”. Y lo hacen, alerta el portavoz de CC OO en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Ángel Cameselle, “de espaldas a los representantes sindicales, cuando ya se han perdido 2.000 empleos y cuando se precarizan los contratos”.

“Las principales fuentes del recorte de gasto serán el personal, los fungibles y las pruebas diagnósticas y tratamientos”, sostiene Manuel González Moreira, médico en un centro de Atención Primaria en Vigo y miembro de la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, preocupado por una “imposición” que los pilla por sorpresa. La mayoría tiene “escasa información y conocimiento sobre la gestión clínica y las áreas de gestión”, precisa González Moreira quien teme que gran parte de los profesionales sanitarios “acabará inevitablemente incluido en un área de gestión clínica de incierto futuro”.

Porque, en un principio, la Consellería barajaba que bastaba con que la dirección decidiera adscribirse a estas áreas para arrastrar con ella a los trabajadores. “Yo me enteré por la prensa de que uno de ellos iba a ser mi centro”, señala el médico vigués. El Sergas ha aceptado ahora que debe firmar la adscripción, voluntaria, cada uno de los trabajadores.

En términos generales, el personal no cuestiona que la eficiencia (conseguir el mejor resultado posible con los recursos disponibles) sea una obligación de la sanidad pública, y cree que muchos de los conceptos de la gestión clínica son “perfectamente válidos y deben ser utilizados en la sanidad pública”. Pero los trabajadores están convencidos de que el Sergas está utilizando esta reorganización con otro objetivo: el de la privatización; en este caso, a través de la flexibilización del personal. Y ello, aún cuando el PP aceptó en el Parlamento gallego la enmienda del BNG que suprime el carácter de personalidad jurídica propio de estas áreas “para evitar su posible conversión en fundaciones, consorcios, empresas…” y mantiene, por tanto al personal en su condición de estatutario.

La crítica y la desconfianza han devenido en un clamor. Las asambleas en hospitales y centros de salud se desbordan. La coalición sindical médica CESM-O' Mega llama junto a CIG y CC OO al personal sanitario a la huelga que se celebrará mañana y pasado . El presidente de la junta de personal del Complexo Hospitalario de Ourense, Emilio Armada, de CESM, es tajante al destacar que por más que el Sergas haya insistido “al cundir la alarma” en que estos departamentos nunca se privatizarán y en que el personal no perderá su condición de funcionario, la realidad será otra. El recelo del personal se basa en el “hecho irrefutable” de que la norma superior se impone y el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno el pasado 25 de julio, de mayor rango que el Decreto gallego, permite la pérdida de la condición de funcionario del personal y promueve la creación de microempresas en el sistema sanitario público, algo que en opinión de Armada “abre la puerta a la privatización que, tras el fracaso de la que se pretendió hacer de forma directa en Madrid, se hace más discretamente”.

Pese a que el Sergas ha dado algunos pasos atrás, los sindicatos mantienen el recelo. La presidenta de la junta de personal del hospital coruñés, CHUAC, María Jesús Seijo, de CIG, advierte de que los trabajadores no saben qué sucederá con quienes no acepten integrarse en las áreas de gestión o quienes decidan dejarlas tras estar un tiempo en ellas. “Tampoco saben cómo se harán las contrataciones y cómo y con quién se negociarán los problemas laborales que surjan”. Seijo, como sus compañeros de CC OO y CESM-O`Mega denuncia que el proceso es “excesivamente vertical” —el director gestionará prácticamente en exclusiva el presupuesto propio de cada área— y reclama que, en lugar de ser nombrado a dedo, sea seleccionado mediante concurso público y se le exija dedicación exclusiva. El Sergas insiste en que solo pretende poner en marcha una nueva fórmula de organización de los servicios sanitarios “en beneficio del paciente autorresponsabilizando” a los profesionales en las decisiones del gasto.