Independencia energética

La hipotética independencia de Cataluña es posible, al menos desde el punto de vista energético. La Dirección General de Energía de la Generalitat ha llegado a esa conclusión tras analizar factores como la producción y la demanda en territorio catalán y su actual sistema tarifario. De hecho considera que salir del modelo energético español supondría un ahorro de hasta 1.550 millones de euros, lo que podría permitir incluso abaratar la tarifa del recibo eléctrico entre un 10% y un 15%. “Cataluña dispone de infraestructuras energéticas suficientes para no padecer ningún problema importante en caso de lograr la independencia de forma negociada”, señala una diapositiva. En otra, se remarca que “no se prevé la nacionalización de infraestructuras energéticas físicas”.

Así lo explicó el pasado martes Pere Palacín, director general de Energía, en Móra la Nova (Ribera d'Ebre) en una jornada convocada por la Mesa de Alcaldes de la Energía de Cataluña, en la que relató, con la ayuda de un pormenorizado pase de diapositivas, las ventajas de la secesión energética. Su tesis es que el sistema deficitario en el que nos encontramos pasaría a ser superávit gracias al gran peso de la energía nuclear (sus tres centrales representaban el 24% de la potencia instalada en Cataluña en 2012) y si se pusiera fin a la solidaridad actual con otras comunidades autónomas.

La previsión oficial es que el recibo eléctrico se podría reducir hasta un 15%

El Departamento de Empresa, del que depende Energía, da por hecho que en una Cataluña independiente no se tendrían que financiar partidas que benefician a otros territorios. Por ejemplo, se ahorrarían entre 200 y 250 millones de euros de los costes añadidos de los sistemas eléctricos de Baleares y Canarias. También se descontarían otros 100 millones ligados al uso del carbón nacional.

Y, sobre todo, remarca el ahorro de entre 700 y 900 millones porque no tendrían que financiar las instalaciones de régimen especial del resto de España, en referencia a las primas a las renovables. En 2012, Cataluña apenas tenía el 8% de la potencia instalada del régimen especial y en cambio aportó el 18% del sistema, lo que ha impedido beneficiarse de las primas. Pero si eso ha sido así es por la lentitud con la que la Administración catalana ha resuelto la promoción de parques eólicos, que ahora están en peligro por la nueva remuneración, más baja, que prevé imponer el Gobierno central.

Más allá de esos costes ahorrados, la Generalitat sostiene la “viabilidad” de la independencia energética porque Cataluña dispone de más capacidad instalada que demanda. Según sus cálculos en base a datos de 2011, hubiera bastado con un incremento de 1.500 horas de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado (que funcionaron 2.450 horas) para evitar la importación de energía. Asimismo, las diapositivas que maneja la Generalitat constatan una gran capacidad de interconexión, sobre todo cuando se ponga en marcha la MAT con Francia, cofinanciada por la Unión Europea.

Haría falta un regulador propio y un consejo de seguridad

Eso sí, la Generalitat admite que la interconexión gasista proyectada entre España y Francia, denominada MIDCAT, tendría “más relevancia” en el caso de una supuesta independencia. Eso o depender la conexión entre Tivissa y Paterna, en el caso de que se produjera alguna anomalía en la planta regasificadora de Barcelona.

La Generalitat ha pensado incluso qué estructuras de Estado son necesarias crear para conseguir la plena independencia energética: un operador del sistema eléctrico catalán, al estilo de Red Eléctrica de España; un regulador, como era la Comisión Nacional de la Energía antes de integrarse en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenca; y un Consejo de Seguridad Nuclear a la catalana.