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La primera fusión municipal ahorra 6.000 euros al año en cargos públicos

La cantidad supone una décima parte de lo previsto en el plan de viabilidad de la operación

El PP mantiene en el gobierno de Oza-Cesuras a un inhabilitado por sentencia firme

Feijóo con los alcaldes de Cesuras y Oza el día en que anunció la fusión en 2012.
Feijóo con los alcaldes de Cesuras y Oza el día en que anunció la fusión en 2012.

Emborronados aparecen los comienzos de la primera fusión municipal en España en 32 años, la de los ayuntamientos coruñeses de Oza dos Ríos y Cesuras. Se suceden los acuerdos, nombramientos e incluso contrataciones que echan por tierra el proceso modélico y ejemplarizante del que presume la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza investiga la demanda del PSOE, aceptada a trámite, contra este acuerdo de unión que llevó a cabo en solitario el partido mayoritario, el PP, arrecia la polémica por la decisión del político al frente del nuevo ayuntamiento Oza-Cesuras de triplicarse el sueldo. O la inclusión como vocal del que fue regidor de Oza durante tres décadas pero inhabilitado al haber sido condenado, en sentencia firme, por un delito contra la Administración pública. El supuesto ahorro en retribuciones a cargos políticos ha quedado en casi nada. Como muchas de las promesas que debía aportar una fusión que tampoco permitió evitar duplicidades de servicios u órganos.

Pablo González Cacheiro, alcalde de Oza hasta la fusión, en junio, y ahora presidente de la gestora que administrará el ayuntamiento unificado hasta las elecciones locales de 2015, defiende con vehemencia que se multiplique por tres su sueldo mensual, pese a la crisis y la necesaria reducción de gastos públicos que justifican la unión de municipios. Tiene que afrontar muchos más trámites administrativos que un regidor, alega.

Ante el revuelo de su decisión “errónea”, según el conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda, González promete ahora rectificar y reducir, aunque sólo en 500 euros mensuales, su nómina por gestionar un municipio que duplicó su población (5.500 habitantes). Se quedará, dice, en 2.300 euros netos al mes, en 14 pagas, la misma que tenía hasta hace un año como alcalde de Oza. Aún así será bastante más que los 40.000 euros brutos al año que le impondrá en unos meses la futura ley de racionalización de la Administración local. Obligará a los alcaldes a limitar sus sueldos en función del censo de vecinos.

“Extrañas alteraciones de precios” en el primer contrato

P. O.

La rehabilitación de uno de los bienes más emblemáticos de Cesuras, el frondoso parque del antiguo sanatorio en O Paxarón, empaña también la primera fusión municipal. “Extrañas alteraciones de precios”, en palabras del propio presidente de la gestora de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro, ponen bajo sospecha la primera contratación pública de obras adjudicada por el gobierno del nuevo ayuntamiento tan solo un mes después de constituirse.

González Cacheiro ordenó una investigación interna, aún sin cerrar, por unas irregularidades que achaca “a una mala gestión” del exalcalde de Cesuras, Julián Lucas (PP). “Aunque no es ilegal", insiste el regidor del ayuntamiento fusionado.

Pero no es solo que la tala de eucaliptos enfermos costara 8.000 euros más de lo previsto, un encarecimiento del precio que nadie consigue explicar, o que el aprovechamiento de la madera recayese en la empresa familiar de su exteniente de alcalde en Oza dos Ríos y ahora vocal de la gestora del ayuntamiento fusionado, Benito García. El proyecto inicial para rehabilitar del parque del sanatorio, redactado en diciembre de 2011, elimina de un plumazo, pese a incrementarse en 1.700 euros el presupuesto total (174.812 euros, adjudicado finalmente julio pasado en 168.017), las infraestructuras y obra civil prevista, como el arreglo de una edificación del parque.

Al final, la restauración de la finca forestal del sanatorio, una de las actuaciones del plan de viabilidad de la fusión, solo consistió en cortar árboles enfermos y acondicionar el camino con una capa de zahorra y una decena de bancos y papeleras. “Una chapuza administrativa”, claman los socialistas del municipio. “Otro ejemplo de cómo algunos entienden el ayuntamiento como un negocio personal para enriquecerse”, acusa el BNG local.

Los presupuestos para 2014 de Oza-Cesuras, aprobados en solitario por el PP, reservan 111.685 euros para retribuciones, dietas de órganos de gobierno, gastos en atenciones protocolarias y desplazamientos de los 13 políticos de la gestora que dirige el nuevo ayuntamiento. Es tan sólo 6.000 euros menos que lo que costaban al año los dos regidores y 20 ediles que componían las dos antiguas corporaciones. Y representa apenas una décima parte del ahorro en gastos de cargos públicos que debía implicar la fusión, entre 50.000 y 70.000 euros al año según el plan de viabilidad de la Diputación coruñesa.

El PP también justifica y avala que la reducción de cargos municipales que conllevó la fusión no afectase a Ramón Peón, el veterano alcalde de Oza hasta 2011, posteriormente edil de Régimen Interior y Personal y ahora incluido en la gestora del nuevo ayuntamiento. Pese a estar obligado por la Ley Electoral a renunciar a su cargo público, Peón, suegro de González Cacheiro y también asesor del presidente de la Diputación, Diego Calvo (PP), sigue sin cumplir su condena en firme a seis meses de inhabilitación por hacer caso omiso de una orden judicial de derribo de una fábrica. “Nadie pidió la ejecución de la sentencia”, se defiende el veterano político. Claro que la antigua corporación de Oza que presidía su yerno tampoco convocó nunca el pleno, como marca la ley, para cesar a Peón. Aún antes de ser firme su condena, tenía que dejar su cargo al tratarse de un delito contra la Administración pública. Pero ahí sigue.

La duplicidad de servicios tampoco se ha resuelto. El ayuntamiento unificado mantiene dos casas consistoriales, la de Oza en la que González Cacheiro despacha lunes, miércoles y viernes, y la de Cesuras a la que va los martes y jueves. La relación de puestos de trabajo tan sólo prevé suprimir una plaza de alguacil subalterno, con escasa incidencia en los gastos anuales de personal. No aparece, sin embargo, dinero para promesas importantes como una guardería, comprometida hace ya tres años por el Gobierno central en colaboración con la Xunta para dar servicio a ambos municipios.

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