Fomento prevé pagar con solares y edificios la obra pública

La falta de liquidez de la Junta de Andalucía ha mermado en un 13% la inversión autonómica, una partida que viene reduciéndose año tras año, desde que estalló la crisis, para mantener las políticas sociales. La bajada de la inversión, aunque no es inocua porque repercute en toda la actividad económica, es muy fácil de explicar para los políticos. Suelen poner el ejemplo de que los ciudadanos entienden que una carretera tarde más tiempo en hacerse, pero no el cierre de un centro de salud.

Con el fin de “seguir moviendo obras”, en palabras de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), esta consejería podrá pagar las certificaciones con solares e inmuebles recibidos por la comunidad por la liquidación en especie de la llamada deuda histórica. Esta vía no sustituye al pago en metálico, sino que abre una alternativa.

Esta posibilidad está contemplada en la disposición adicional decimoséptima del proyecto de ley del Presupuesto sobre “Pagos en metálico y en otros bienes”. Esta norma dice: “En los contratos del sector público, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, la retribución del contratista podrá consistir en la entrega de otras contraprestaciones, incluidos bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que la contraprestación no sea directamente en metálico, deberá incorporarse un informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que se deducirá en el importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares, que servirá de base a la licitación”.

Durante su intervención en comisión parlamentaria para explicar el presupuesto de su consejería, Cortés dijo que con esta nueva vía se seguiría licitando obra pública “por el método tradicional”, pero el pago de las certificaciones “se convalidaría por la transmisión de activos, procedentes de la deuda histórica, al contratista, hablamos de un pago en especie o permuta”. De esto modo, la Junta puede financiar la obra pública “sin aportación dineraria”.

El Gobierno central presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, acordaron en marzo de 2010 liquidar la deuda histórica en especie, una decisión que está recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional. De los 1.24,41 millones de euros en que se evaluó la deuda histórica, la Junta recibió 420,2 millones en metálico y 784,2 millones en patrimonio a través de la cesión de 20 solares y dos edificios y de la Sociedad Estatal Agesa, que gestiona los activos de la Expo 92 de Sevilla.

En su comparecencia, la consejera de Fomento mostró su rechazo a financiar infraestructuras viarias y de transportes a través de la colaboración pública-privada, un camino que abrió el Gobierno andaluz en la pasada legislatura. Cortés criticó esta vía por ser “ineficiente” y tener un alto coste. Según sus datos, los 900 millones que costarían unos 91 kilómetros de autovía con presupuestos de la Junta, se van a 3.600 con la colaboración público privada.

Tanto en la comparecencia de Cortés como las que mantuvieron otros consejeros la crítica del PP se centró en la falta de provincialización del Presupuesto, un argumento que ha esgrimido para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, la consejera de Hacienda y Administración pública, María Jesús Montero, aseguró que “al no haber nuevas inversiones carece de sentido” hacerlo. La Junta si ha territorializado las cuentas (es decir, sí dice dónde se gastan las inversiones, pero sin código provincial), como obliga el artículo 34 de la ley de Hacienda Pública.

En esta comisión, José Caballos (PSOE), Ignacio García (IU) y José Antonio Miranda (PP) se cruzaron reproches por la suspensión de esta sesión prevista para el lunes pasado.