Sanidad, educación y política social suman más de la mitad del presupuesto

“Sanidad, educación y protección social son los primeros servicios destinatarios del incremento de recursos”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ratificaba así el pasado jueves, en el Parlamento, lo que ya había adelantado cinco días antes tras una reunión con los principales cargos del PNV. El Gobierno aprobará el martes el presupuesto de 2014, tras verse forzado el pasado abril a retirar por falta de apoyo el proyecto que había elaborado para este año. El Ejecutivo dispondrá en 2014 de más de 10.000 millones de euros. El aumento de la recaudación fiscal y la relajación del objetivo de déficit han aliviado su tesorería hasta el punto de poder programar unas cuentas que superan en más de 700 millones el techo de gasto que figuraba en aquel presupuesto nonato (9.317 millones). Urkullu quiere imprimir a sus primeras cuentas un fuerte calado social. Aquellos tres epígrafes (sanidad, educación y protección) absorberán más de la mitad del dinero disponible, según confirman fuentes del Gobierno, que evitaron detallar las cifras precisas.

 Aunque en la primera reunión negociadora entre Gobierno y PSE del pasado jueves la delegación de este último solo repasó las grandes magnitudes, sí constató que se cumple el compromiso del pacto económico entre socialistas y peneuvistas de que sanidad, educación y políticas sociales tengan la misma financiación que en 2012, en las últimas cuentas del Ejecutivo de Patxi López, actualmente prorrogadas. Ese proyecto destinaba en total a la entonces cartera de Sanidad 3.403 millones, 2.645 millones a Educación y 925 millones a Empleo y Asuntos Sociales. La estructura del Gobierno ahora no es la misma y esas cifras suponen el gasto conjunto de las carteras, incluyendo el gasto corriente, pero otras fuentes políticas apuntan que podrían servir de orientación.

El presupuesto nonato de Urkullu, a cuyo recorte se han ajustado las consejerías, pese a la prórroga de las cuentas, rebajó las partidas de sanidad un 4,2%, un 7% las de educación y un 26% las de empleo y políticas sociales, aunque sin reducir los programas contra la exclusión. La mayor disponibilidad permitirá un nuevo despegue del gasto social.

La perspectiva despejada que maneja el Gobierno para tener un presupuesto aprobado en la Cámara antes de fin de año deriva de la casi seguridad de contar con la anuencia del PSE tras el pacto económico cerrado el pasado septiembre. Formalmente, el PSE mantiene que su posición final no está condicionada por aquel acuerdo —“cuando se presente el proyecto y conozcamos más información ya se verá”, apuntan fuentes socialistas—, pero el hecho es que ya ve “margen para la negociación”. La predisposición que se adivina en los socialistas es claramente positiva, tras calificar lo que han visto del proyecto como “sustancialmente mejor que el que trajeron en marzo”, en palabras de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor.

El rechazo de EH Bildu al proyecto puede darse por descontado

¿Y el resto de la oposición? El PP, que tiene cerrado un acuerdo fiscal con PNV y socialistas, se muestra claramente distante. “No hemos recibido aún ninguna llamada del Gobierno. Cuando lleven el proyecto al Parlamento lo veremos y, en función de ello, presentaremos nuestras enmiendas, sin descartar una enmienda a la totalidad”, apunta el portavoz económico de los populares, Antón Damborenea.

Para dar un sí, el PP quisiera ver que “se lleva el camino de adecuar los gastos a los ingresos y que se intenta no disparar la deuda”, añade Damborenea, capitulo este de la deuda cuyo pago supuso 180 millones de euros en 2012, se elevó a 400 millones este año y llegará a los 800 el próximo. “En algún momento el Gobierno tiene que poner coto a esto, pues vamos a tener presupuesto solo para pagar intereses”, remata el representante popular.

El no del primer grupo de la oposición, EH Bildu, puede darse casi por descontado tras rechazar sumarse al pacto fiscal a tres bandas. “Deben ser unos presupuestos para gobernar en una situación muy complicada, desde parámetros de soberanía y de respuesta social a la crisis”, apunta su parlamentario Dani Maeztu. “Se trata de gobernar y no gestionar en los estrechos márgenes que dejan las medidas de austeridad que se están imponiendo en Europa y aplicando miméticamente en España y Euskadi”, apostilla.

Pese a reconocer lo poco factible de su apoyo, EH Bildu, al igual que al hablar de soberanía, ofrece sus 21 escaños al Ejecutivo “si quiere sacar unos presupuestos” conjuntamente con las propuestas de su grupo.

Finalmente, Gorka Maneiro, de UPyD, considera necesario que las cuentas incluyan, entre otros aspectos, una importante reducción del sector público, su estructura y su gasto corriente; un compromiso de racionalizar EiTB; mayor apoyo a la I+D+i y el aumento de partidas para incentivar la actividad económica y la creación de empleo frente a la euskaldunización y los programas identitarios.