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TRIBUNA

‘Big Data’ y miopía de la Administración

La relación entre los gobiernos y la tecnología es a menudo ineficiente y tiende al despilfarro

Vivimos en un mundo que adora la tecnología. Las Administraciones ven en la sociedad de la información, las smart cities y el Big Data la promesa de recuperación económica y éxito en la carrera internacional. No obstante, más allá de los discursos y los comunicados de prensa, la realidad de la relación entre las Administraciones y la tecnología es a menudo ineficiente y tiende al despilfarro.

Para muestra, tres botones: esta semana, una sociedad anónima dependiente del Área Metropolitana de Barcelona, Cetramsa, ha enviado un requerimiento legal a un desarrollador de programario para que retire una aplicación para teléfonos móviles que permitía a los usuarios del bus de Barcelona saber cuánto tiempo de espera tenía cada línea, ver el recorrido de los buses, hacer listas de paradas más utilizadas... En definitiva, una aplicación gratuita que promocionaba el uso eficiente del transporte público y facilitaba la vida a sus usuarios. Aunque Cetramsa ha rectificado, no es la primera vez que algo similar ocurre. Hace unos meses otro programador fue denunciado por Barcelona Serveis Municipals (B:SM) por desarrollar una aplicación para facilitar el uso del Bicing, y tuvo que cambiarle el nombre por el de Vicing. Pocos meses antes, Renfe había suspendido la aplicación gratuita y sin publicidad Cercanías Renfe para Android desarrollada por Jon Segador.

Problema: nuestros impuestos ya le han pagado a alguien —Cetramsa, B:SM o Renfe— para que realice este trabajo. Estas empresas o no han desarrollado ninguna aplicación o lo han hecho tarde y mal, y los usuarios han preferido las aplicaciones desarrolladas de forma independiente por mindundis —así se define a sí mismo el creador de Proper bus Barcelona— en base a los datos generados por los servicios públicos que pagamos entre todos y que están disponibles en abierto (Big Data).

La Administración se mueve entre la opacidad total —prohibir el uso de datos públicos— y la transparencia irresponsable —ceder a empresas bases de datos sensibles sin garantizar su protección y anonimato

Además, estos ciudadanos que han suplido la ineficacia de las Administraciones se topan con un requerimiento legal por “actividad desleal”, “aprovechamiento indebido”, “vulneración de la propiedad intelectual” e incluso “enriquecimiento injusto”, mientras los usuarios de la aplicación pierden un servicio útil y gratuito y todos los ciudadanos asistimos atónitos al espectáculo de una smart city que toma decisiones desconcertantes.

Lejos de constituir anécdotas, estos casos ponen sobre la mesa problemáticas profundas vinculadas, por una parte, a la incapacidad de muchas Administraciones para entender cómo subcontratar procesos tecnológicos garantizando la eficiencia y protegiendo el interés público. ¿Por qué pagar por aplicaciones cuando la liberación de datos puede incentivar al desarrollo de programas mejores y sin coste? ¿Qué mecanismos legales existen que garanticen que en la liberación de datos se protegen los derechos y los datos de los ciudadanos a través de la anomimización y la minimización de datos? Por otra parte, evidencian el miedo de muchas Administraciones a la transparencia y a una colaboración público-privada que no cuente sólo con las grandes empresas, sino también con los ciudadanos y ciudadanas que quieren y pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades desde proyectos de micro-empresa —¡emprendedores!— o el altruismo puro.

En este escenario esquizofrénico, de todo por el Big Data pero sin liberar datos, y todo por la smart city desde la política del absurdo, la Administración se mueve entre la opacidad total —prohibir el uso de datos públicos— y la transparencia irresponsable —ceder a empresas bases de datos sensibles sin garantizar su protección y anonimización—. En el camino, el despilfarro de fondos públicos en tecnologías mal desarrolladas, no utilizadas o infrautilizadas se hace insostenible.

Al final, la pregunta que se impone es: ¿Cómo va la Administración a facilitar y promover un futuro tecnológico que no entiende? De momento, malamente.

Gemma Galdon Clavell es doctora en Políticas Públicas y profesora de políticas y tecnologías de seguridad en la Universidad de Barcelona.