Un cajón de sastre de 9.375 millones

Más allá de enumerar los agravios del Estado con Cataluña, el documento elaborado por el Departamento de Presidencia de la Generalitat trata de cuantificar los costes que conllevan “los incumplimientos del Gobierno central”. El informe fija la factura en 9.375,7 millones de euros, lo cual más que duplica la deuda que reivindica la Cámara de Comercio de Barcelona. En su última estimación, la institución cifró la cantidad pendiente en infraestructuas en 3.974 millones de euros. ¿Cómo se explica esa diferencia? El informe de Presidencia es un cajón de sastre donde constan desde las deudas del Gobierno con la Generalitat hasta medidas que el Ejecutivo de Mas considera “desleales” pero que afectan a todas las comunidades autónomas por igual.

» Inversión pública: 2.219 millones sin especificar. El documento contempla la deuda pendiente por la disposición adicional tercera del Estatuto, que fijaba que las inversiones en Cataluña debían ser equivalentes a su peso en el conjunto de la economía española (el 18,6% del PIB). La Generalitat estima —de forma provisional para los ejercicios 2010-2013— que la deuda por este concepto asciende a 3.529 millones de euros. La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto dejó claro que el Gobierno no está obligado a cumplir con esa disposición. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, aceptó esta situación pero añadió: “Si nos ponemos formales, lo hacemos con todo, también con las sentencias que no le dan la razón al Gobierno”. La cifra total que recoge el documento, no obstante, asciende a 5.748 millones, y dice que está “reconocida por el Ministerio de Fomento como deuda pendiente”. Fuentes de la Administración catalana explicaron que esos 2.219 millones de diferencia corresponden a otras inversiones, sin especificar cuáles.

» Reivindicación de partidas que afectan a todas las comunidades (672,6 millones). Más de la mitad de la deuda del Estado, pues, la explica la obra pública. Sin embargo, el Gobierno de Artur Mas atribuye otros 672,6 millones a la “reducción de los ingresos finalistas provinientes del Estado”. Se trata de partidas como los fondos para empleo, vivienda, becas universitarias o agricultura, entre otros, que han sufrido un tijeretazo en los Presupuestos Generales del Estado desde 2010 a causa de las medidas de austeridad. Sin embargo, esos recortes no solo se han producido con las cantidades destinadas a la Generalitat, sino también al resto de las comunidades.

El Ejecutivo catalán reivindica partidas que afectan a todas las comunidades

» La factura de la dependencia y la ampliación de plazos del aborto (1.715,2 millones). La Generalitat identifica un conjunto de medidas que suponen un incremento del gasto, cuyo coste cifra en 1.715,2 millones de euros. De nuevo, no todas tienen un impacto solo para Cataluña. En este apartado se incluye el dinero que ha tenido que poner el Gobierno de Mas para suplir la rebaja de partidas finalistas del Ejecutivo central (248,7 millones), el coste que ha tenido el despliegue de la ley de Dependencia entre 2008 y 2013 (909,8 millones de euros), el impacto en las finanzas públicas que tuvo la ampliación de los supuestos de interrupción del embarazo (7,8 millones) o las nuevas vacunas y medicamentos antivirales (18 millones).

» El impuesto sobre los depósitos bancarios y el euro por recta (1.239,9 millones). Por el lado de los ingresos, la Generalitat incluye la merma que supuso que el Gobierno central le impidiera aplicar el impuesto sobre los depósitos bancarios, con el que, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda, Cataluña hubiera ingresado 866 millones de euros. El Ejecutivo de Artur Mas también añade en la lista el recurso de inconstitucionalidad sobre el euro por receta (que supuso ingresar 198 millones menos) o las tasas judiciales (8,6 millones).

» La apostilla. Además de esta lista ordenada, el documento incluye una batería de agravios económicos y cuatro anexos finales. El primer anexo lo merece el sistema de financiación autonómica, que estos días está abriendo heridas dentro de los barones populares. El texto destaca que, con datos de 2011, Cataluña es la tercera comunidad con más recursos per cápita antes de realizar su aportación a la solidaridad regional. Tras pasar ese filtro, hasta nueve comunidades están por delante suyo en recursos por habitante.

Los otros anexos están dedicados al reparto desigual de los objetivos de déficit entre la Administración central y las comunidades; una descripción de la inversión regionalizada en relación al PIB y la población, y los datos sobre el déficit fiscal.