La fiscalía investiga a 200 armadores por vender pescado en dinero negro

La trama descubierta por Hacienda por impago del IVA en descargas de pescado en los puertos de Vigo y Marín salpica a cerca de 200 armadores en la provincia de Pontevedra. En el objetivo de esta investigación judicial se encuentra la cooperativa San Miguel de Marín, la intermediaria y pagadora de la mercancía, a la que se le ha intervenido una doble contabilidad correspondiente a los años 2008 a 2010. La Agencia Tributaria ha recabado pruebas de un presunto fraude fiscal por ventas de pescado en dinero negro valoradas en 13 millones de euros.

El número de armadores que han cobrado con facturas ilegales de la cooperativa podría ampliarse gracias al avance de las pesquisas, según fuentes de la investigación, pero, por el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra ya ha citado a los primeros testigos que han reconocido ser los receptores de las facturas ilegales ante los inspectores de Hacienda. En los registros de las oficinas portuarias de la cooperativa en Marín y Vigo, los agentes se incautaron del listado de proveedores que al menos en los tres ejercicios fiscales investigados vendieron pescado a la Cooperativa San Miguel, una mercancía que esta distribuía a su red de clientes habituales. Uno a uno, los armadores fueron pasando por la inspección de Hacienda para comprobar las facturas y una mayoría admitieron haber vendido más pescado del que habían cobrado. A todos los armadores que aparecen en el listado contable de la cooperativa Hacienda les ha abierto actas administrativas por impago del IVA cuyas cuantías se pudieron deducir de la doble contabilidad intervenida. Tras estas inspecciones, la mayoría de los implicados han firmado actas de conformidad porque las cantidades defraudadas no constituyen delito fiscal.

La implicación de este elevado número de proveedores de la cooperativa viene a avalar la existencia de una trama para defraudar el IVA y los indicios que dieron lugar a la querella que presentó en junio la Fiscalía en un juzgado de Marín contra el presidente de la entidad, como principal imputado en el fraude de un millón de euros, y dos empleados. Aunque se acogieron al derecho a no declarar ante el juez, los tres imputados negaron la existencia de la doble contabilidad ahora admitida por varios armadores, que se convertirán en una de las principales pruebas de cargo.

A José Luis Santiago Pereira, presidente de la cooperativa, el fiscal le imputa tres delitos fiscales. El responsable de las oficinas que la entidad tiene en O Berbés (Vigo), Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros y ventas en ese puerto, Enrique Fernández Arca, son los otros implicados que la fiscalía considera colaboradores necesarios en la comisión del fraude. Ambos empleados, según la querella del ministerio público, “confeccionaban las denominadas notas de venta/hoja de autoliquidación” en las que aparecen indicios de contabilidad paralela. La investigación de Hacienda constata que la cooperativa presentó liquidaciones que “no reflejan las operaciones económicas reales tributarias deducibles de la compra y venta de pescado”.

En el registro de la sede de la cooperativa en el puerto vigués, los inspectores localizaron unos archivadores diferenciados por colores que contenían liquidaciones de dos clases, firmadas generalmente por los vendedores. Los de color negro contenían facturas en color azul, donde figura el membrete de la cooperativa, la identificación del proveedor y el IVA repercutido. Pero en los archivadores rotulados en rojo las liquidaciones son de color blanco y, según el fiscal, se recogen las ventas en b. En la contabilidad en negro aparece identificado el armador con un número y en muchos casos su firma, además del nombre del barco, la fecha de descarga, cantidades de género y el importe resultante de la venta, según la denuncia del fiscal.

Todos los conceptos detallados en las liquidaciones de color blanco son idénticos a los de color azul y, según Hacienda, no han sido objeto de declaración tributaria del IVA. Las ventas no declaradas detectadas en la investigación suman 5,1 millones de euros en 2008, 4,5 millones en 2009 y 4,9 millones en 2010. Las multas para la cooperativa San Miguel podrían multiplicar por siete la cantidad defraudada.