El Ejecutivo recibirá 105 millones más por las ‘vacaciones fiscales’ de Álava

El Ejecutivo vasco navega, pese a la crisis, con el viento a favor. De momento, y a falta de que Bruselas falle sobre las multas que tienen pendientes las diputaciones forales, el Gabinete de Iñigo Urkullu lleva varias semanas recibiendo buenas noticias. A la tranquilidad que le ha proporcionado el pacto fiscal firmado por el PNV y el PSE, al que finalmente se ha sumado el PP, extendiendo su contenido a las tres Juntas Generales, y allanando el camino a la estabilidad presupuestaria futura, se le suma ahora el reparto del dinero recuperado, sobre todo por Álava en concepto de las vacaciones fiscales. Aunque el Gabinete de Urkullu no logró una décima adicional a las tres de déficit que autorizó el Gobierno de Mariano Rajoy, al pasar del 0,9% previsto al 1,2%, y no al 1,3%, como perseguía, —los 180 millones que ha logrado vía endeudamiento y ha repartido con las diputaciones en el Plan de Reactivación Económica— va a poder sumar 105,7 millones gracias al esfuerzo recaudador de Álava con las empresas que se beneficiaron de las ayudas tributarias declarada ilegales por la UE desde 2006.

El departamento de Hacienda confirmó ayer que mantiene el criterio de ingresar en la caja común del sistema de aportaciones el dinero recuperado de las vacaciones fiscales. La recuperación total de 360 millones de Álava, 151 más de los que había recuperado en 2012 —acreditó 209 en el CVF de octubre de 2012— da como resultado que Álava va a tener que pasar el 70% del dinero extra recuperado al Ejecutivo vasco. La duda sobre el criterio que iba a seguir el Gobierno con esos fondos era razonable después de que en 2012 el CVF viviera una de las reuniones más dramáticas de su historia. El anterior Gobierno de Patxi López y los representantes de la Diputación de Gipuzkoa impusieron ese criterio frente a la posición de las diputaciones de Bizkaia y Álava que interpretaban que en 2012 no había que ingresarlo. “Se mantiene”, aseguraron ayer fuentes de Hacienda.

El CVF se celebró

A renglón seguido matizaron que “no es un criterio del Gobierno, es la aplicación de un acuerdo por unanimidad en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre de 2011”. Efectivamente, aquel órgano aprobó por unanimidad ingresar en el sistema de las aportaciones el dinero que las diputaciones recuperaran de las vacaciones fiscales y precisaban que el ingreso en la caja común sometida a reparto debería de hacerse “a partir de 2012”. Ese “a partir de 2012” abrió una auténtica guerra que se puso de manifiesto en la conferencia de prensa que ofrecieron los tres diputados generales tras la reunión de 2012. En ese momento en las diputaciones tenían en su poder un total de 309 millones que habían recuperado de las empresas, de los que 209 millones correspondían a Álava, 81 a Bizkaia y 19 a Gipuzkoa.

Bizkaia y Álava hicieron frente común sosteniendo el argumento de que “a partir de 2012” significa en 2013, cuando tanto el Gobierno como la Hacienda guipuzcoana, además de las mesas de trabajo del Órgano de Coordinación Tributaria, venían avanzando en la hipótesis de ingresar el dinero en el ejercicio de 2012. “En una coyuntura como esta es coherente y de justicia meter ese dinero en el sistema”, abanderó en octubre de 2012 el diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, de Bildu. El consejero de Hacienda, Carlos Aguirre y su equipo resaltaron que en ninguna de las reuniones previas preparatorias del Consejo Bizkaia o Álava habían planteado reservar esos 309 millones. Sin embargo, José Luis Bilbao protestó con dureza por este asunto, hasta el punto de asegurar que se trataba de “una forma de maquillar las cuentas de un Gobierno saliente”, al que consideró “ilegítimo” para tomar determinados acuerdos.

Los 216 millones

Los 216 millones que llegaron al Gobierno le sirvieron para mejorar el objetivo de déficit impuesto en la senda de reequilibrio financiero, aunque ya lo cumplía al verse obligado a retener la paga extra a los funcionarios vascos. Pero a Álava le descuadraba el ejercicio porque era la que más había recuperado, y la que todavía tenía un arduo trabajo por delante, y la que más estaba sufriendo la caída de la recaudación tributaria. Las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa han sostenido desde el pasado año que ya habían recuperado el equivalente a todas las ayudas tributarias concedidas a las empresas de sus territorios en la década de los noventa. De ahí que ahora Bizkaia y Gipuzkoa quieran separar las responsabilidades de cada administración para hacer frente a la multa cuando venga. La Comisión propuso dos multas. Una de 25.817 euros por día, —corre desde 2006—, y que ha sumado ya 65 millones de euros. La segunda, evitable, será de 236.044 euros por cada día que pase, si se sigue incumpliendo, a partir de que se dicte la próxima sentencia.