Madrid pedirá una “consulta ciudadana” si hay financiación a la carta en Cataluña

La Comunidad de Madrid lleva protestando desde julio del año pasado por el modelo de financiación autonómica vigente, que le supuso 1.000 millones de euros menos para este ejercicio, cifra que aumentará en otros 300 millones en los presupuestos del año que viene según las previsiones del Ejecutivo de Ignacio González. Madrid también aporta el 73% del Fondo de Solidaridad, y el 41% del total de la recaudación del IRPF. Sin embargo, y pese a los puntos en común, la “revisión profunda” del sistema de financiación autonómica propuesta por la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que plantea limitar la solidaridad entre autonomías, provocó la reacción furibunda del presidente madrileño, Ignacio González, y por extensión del PP más poderoso del país.

Cuidándose mucho de no emplear el término referéndum, González anunció que exigirá una “consulta ciudadana si alguien tiene la tentación de dar un régimen fiscal a la carta” a la Generalitat. “Los madrileños también tendrían derecho y querrían decidir su modelo de financiación, que ahora es injusto, perjudicial y daña a esta comunidad. Cambiar dinero por soberanía es inadmisible”, zanjó el barón popular. El Gobierno de Madrid interpretó como una amenaza al resto de autonomías el trato solicitado por Sánchez-Camacho, cuando además entienden que Cataluña sale muy favorecida con el modelo actual. De ahí que valorasen la negativa “rápida y tajante” de la dirección nacional del PP a Sánchez-Camacho.

La respuesta de González coincide con el momento más bajo de las relaciones entre el Gobierno regional y el de Mariano Rajoy, en buena parte por lo que desde Madrid entienden una diferencia de trato a favor de Cataluña. La idea de la financiación a la carta se produce dos meses después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sacara adelante el reparto del déficit asimétrico sin el apoyo de Madrid, la única región del PP que votó en contra. Cataluña obtuvo 2,5 décimas por encima de la media nacional, por las 2,3 menos de Madrid.

La inversión en obra pública del Estado en la región, conocida la semana pasada y que caerá un 12,8% en 2014 (909 millones para 2014 por los 1.042 para este año) doblando la bajada del 7,2% nacional, fue recibida como un castigo de La Moncloa a las protestas por el déficit asimétrico.