Problemas para los ‘sin hogar’

“Cada uno vive su vida, y yo la mía”. Antonio Moreno, de 51 años, solo conserva parte de su dentadura, pero eso no le impide sonreír. Almuerza asiduamente en el comedor social de San Antonio en el barrio bilbaíno de Irala, con capacidad para 108 personas. Perdió su empleo hace algunos años, vive en la calle desde hace uno y se declara feliz: “¿Para qué vas a llorar?”

Pese a ello, quiere cambiar de vida. Busca trabajo en la Asamblea del Paro porque quiere “un techo para vivir”. Su problema es que este año ha perdido la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal ayuda social que se concede en Euskadi, al no poder seguir empadronado en su domicilio habitual por desacuerdos familiares. Un total de 61.326 ciudadanos cobraban en julio pasado esta ayuda en Euskadi, 1.858 más que un año antes, de las que 39.094 viven en Bizkaia.

Sin vivienda, como es el caso de Moreno, no se puede estar empadronado. Y sin estar empadronado no se pueden cobrar ayudas de asistencia social. Desde 2011 el periodo mínimo de empadronamiento para acceder a ellas asciende a tres años, mientras que antes era uno, o un lustro de vida laboral.

En Bilbao existe el empadronamiento social: el consistorio inscribe a personas sin hogar para que accedan a ayudas. “Algunos se empadronan en el albergue de Elejabarri, pero no llega para todos”, explica Brígida Ridruejo, de SOS Racismo. A principios de año 604 personas estaban empadronadas de este modo en la ciudad, según datos municipales. “Para conseguirlo hay que tener cierta constancia”, acudir a cursos y centros de día, precisa Ridruejo, algo difícil “para una persona en la calle, sin un tejido de apoyo”.

Es el caso de Fernando, de 40 años, también usuario del comedor social. Lleva 12 viviendo en la calle. Trabaja cuando puede, lo que no le permite esa estabilidad. Quiere salir de la vida en la calle, pero no alberga muchas esperanzas: “Los años empiezan ya a fastidiar, y tengo problemas con la Justicia”. Bilbao sumaba en julio 197 sin hogar.

Entre 2008 y 2012 la cifra de pobres creció en Euskadi un 28,5% hasta llegar a las 157.686 personas, según datos de Eustat. Hace dos años, el 16% de los vascos se encontraba en riesgo de exclusión social, un nivel comparable a países como Suecia, pero que supone 350.000 ciudadanos en dicha situación, según el Consejo Económico y Social (CES).

Cáritas ha alertado de que un tercio de las personas atendidas en 2012 llevaban más de tres años en esa situación.

Adil vive en un piso compartido con amigos. Tiene 24 años y lleva cuatro en España. Llegó de su Marruecos natal en un camión tras intentarlo muchas veces. Encontró trabajo en Andalucía, en la cosecha del pimiento. “El jefe nos explotaba. Trabajábamos ocho horas diarias por 33 euros”, se indigna, así que lo dejó ocho meses después. Desde que llegó a Euskadi no ha encontrado trabajo. Antes cobraba la RGI, pero por falta de documentos la perdió. Voluntario de la Cruz Roja, con estudios y un castellano excelente, va al gimnasio para no deprimirse y busca trabajo. También acude al comedor de Irala.

Hasta la reciente instrucción de Salud que va a suponer una relajación de las condiciones, el País Vasco pedía un año mínimo de empadronamiento para recibir atención médica, salvo en urgencias, donde no era preciso.

“Si no estás en el sistema, no existes”, opina Santos Arrieta Galey, coordinador en Euskadi de Médicos del Mundo. Esta ONG ofrece atención primaria a quienes no reúnen las condiciones de empadronamiento requeridas. Subraya que la sanidad no puede depender de una ONG, sino de la Administración. Ridruejo se muestra de acuerdo: “¿Cómo vas a criticar a los colegas que trabajan en asociaciones? Pero no tienen herramientas ni recursos suficientes”.