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El Gobierno desoyó la petición de la Generalitat de hacer un informe sísmico

El consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, lamenta que la solicitud fuera desoída por el Ministerio

Santi Vila, consejero de Territorio de la Generalitat, en el Pati dels Tarongers.
Santi Vila, consejero de Territorio de la Generalitat, en el Pati dels Tarongers.

El anterior Gobierno fue advertido sobre la necesidad de analizar las consecuencias sísmicas de la puesta en marcha del proyecto Castor, el almacén marino de gas situado ante el Delta del Ebro. Le avisó la Generalitat antes de que concediera la licencia para iniciar las actividades a Escal UGS, pero el Ministerio de Industria desoyó las peticiones autonómicas, según ha explicado esta mañana el consejero de Territorio, Santi Vila, quien ha confirmado que esta mañana se ha producido otro terremoto de 4,2 en la escala de Richter.

"Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo", ha denunciado el consejero, quejoso por el silencio con el que se respondió a la "muchas advertencias" lanzadas desde la Generalitat y por las consecuencias que ahora están sufriendo ahora las costas de Castellón y de Tarragona. Aunque la Generalitat no tiene competencias sobre el proyecto, Vila ha avisado que "todo lo que sucede en Cataluña nos afecta".

Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo", ha denunciado el consejero

Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, ha anunciado que la corporación provincial emprenderá acciones legales "contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010". Moliner ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.

El consejero catalán Santi Vila ha sostenido que "el tema no es para reír, es grave", después de los continuos terremotos que se han producido en la última semana, tras advertir que a partir de una intesidad de 4,5 puede haber afectaciones directas en los edificios, con la aparición de grietas. De ahí que la Generalitat haya contactado con gestora del proyecto, Escal UGS, para tener la certeza de que se ha paralizado la actividad.

Ramon Espadaler, consejero de Interior de la Generalitat, ha criticado también esta mañana la "opacidad intolerable" tanto por parte de la empresa explotadora como por parte de la Administración central. La Generalitat requirió el lunes a la empresa que certifique la paralización de los trabajos pero aún no ha recibido respuesta. "Si no lo hacen, no descartamos acudir a la vía judicial", ha señalado el consejero, que ha explicado que los geólogos sostienen la teoría que no existe una relación automática entre la extracción de gas y los movimientos sísmicos que pueden aflorar horas y hasta días después.

Espadaler ha revelado hoy que el pasado lunes mantuvo, a petición propia, una reunión con la Delegación del Gobierno en Cataluña en la que se le transmitió "que había una correlación muy directa entre las actividades y los episodios sísmicos", tal y como ha admitido hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria.

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