Un juzgado asumirá la vista contra el alcalde de Cullera por prevaricación

La cita con el banquillo del alcalde de Cullera, el popular Ernesto Sanjuán, se ha resuelto este martes en cinco minutos. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de juzgar al regidor por un presunto delito de prevaricación medioambiental por tolerar durante años el exceso de ruido de unos bares, y a dos empresarios, se ha declarado “no competente”. El caso pasará a un juzgado de lo Penal, que deberá fijar nueva fecha para la vista oral.

El cambio de órgano judicial se ha producido por una rebaja en las penas solicitadas por las partes. La fiscalía pedía para el regidor dos años y tres meses de cárcel y ocho de inhabilitación por permitir durante más de una década la contaminación acústica provocada por tres bares de la localidad. Además, en el proceso se acusaba a dos empresarios de los locales y las condenas a las que se enfrentaban superaban los tres años, motivo por el que en principio la competencia del caso era de la Audiencia de Valencia.

Durante las conversaciones de las partes al inicio del proceso se acordó la supresión de la agravante de “obstrucción a la Administración” que se imputaba al alcalde y al exgerente de uno de los bares, que fueron denunciados por cuatro comunidades de vecinos que no soportaban más el ruido. Además, se retiró la acusación contra un segundo empresario porque se le imputó por error -es propietario de un bajo, no de un bar-.

El resultado de estos cambios es que el fiscal modificará a la baja las penas pedidas a Sanjuán, que sigue procesado por prevaricación medioambiental, y al exgerente de uno de los bares, que permanece acusado por contaminación acústica. La solicitud inicial del ministerio público contra el exgerente del local era de tres años y un mes de prisión, una multa de 6.000 euros y una indemnización de 6.600 euros por cada vecino que acredite ser afectado.

No hay fecha para el nuevo juicio, por el que desfilarán 50 personas entre peritos, testigos y acusados y que podría prolongarse durante una semana. “Estoy tranquilo. Muy tranquilo”, apuntaba sonriente antes de entrar a la sala Sanjuán, que aguardaba junto a su abogado.

El fiscal sostiene que Sanjuán, que aterrizó en el Ayuntamiento de Cullera en 1999, ignoró las denuncias de los vecinos sobre el exceso de ruido y el incumplimiento de horarios de tres bares nocturnos. El ministerio público asegura que el alcalde conocía el problema –acreditado por siete informes del ingeniero municipal- y cuantificado en una veintena de muestras de sonido. Unas pruebas que revelaron entre 1997 y 2007 niveles acústicos superiores a los 70 decibelios, el equivalente al ruido del tráfico intenso.