De la veneración al banquillo

Las guerras intestinas, las civiles, acaban siendo más cruentas si cabe. Los enemigos que se conocen, que han compartido vecindad, mesa y copas, incluso vanidad, y han manejado cantidades considerables de dinero, gestionando el éxito con mayor o menor fortuna, y se han envidiado por sus logros profesionales, políticos o sociales, acaban siendo irreconciliables.

Jabyer Fernandez, el arquitecto de una red de más de cien empresas en torno al inicialmente exitoso Grupo Afer, el ideador del macroproyecto urbanístico Puerta de Bilbao para levantar más de 2.000 pisos, el impulsor de una fábrica de construcción de viviendas modulares, el patrocinador del Bilbao Basket, el constructor de la Torre Iberdrola y participante en las obras del Hotel Sheraton —en la actualidad Melia— o las Torres Isozaki, proyectos todos ellos bendecidos entonces por el diputado general, José Luis Bilbao, y el Gobierno vasco, se enfrenta ahora, apenas un lustro después, al riesgo de un considerable periodo en la cárcel por presuntos delitos societarios.

Ha pasado de la veneración que generaba su figura allá por donde pasaba en los años del boom inmobiliario, de ser un hombre influyente en cuestiones políticas y económicas en Bizkaia, y en Aragón, a donde extendió su red empresarial, a sentarse en el banquillo frente a acusaciones graves de desviar fondos para fines particulares tras descapitalizar a sabiendas una empresa, Iurbenor, en perjuicio de sus acreedores, incluida la Hacienda Pública.

Un total de 33 abogados comparecerán durante la vista, rodeada de expectación

El martes, la sala número tres del Palacio de Justicia de Bilbao será el escenario de uno de los últimos capítulos de la batalla judicial entre el empresario y sus hermanos, contra seis de sus ex socios —liderados por el ex presidente del Athletic, Fernando García Macua, también imputado—. En el centro de las operaciones contra Jabyer está la Diputación Foral de Bizkaia, —y su máximo representante, José Luis Bilbao—. Quien fuera su protegido ahora es el enemigo. Quienes formaron la cohorte de socios, compañeros y amigos del empresario, ahora le tienen contra las cuerdas.

Un total de 33 letrados entre acusaciones defensa y fiscalía escrutarán a acusados, testigos y peritos durante los cinco días que han sido programados para la vista oral (1, 2, 3, 7 y 8) de octubre para dilucidar si Jabyer Fernández desvió dinero que debía a la Diputación Foral, a pagar bienes privados.

Primero, la sala tendrá que resolver las peticiones de aplazamiento y nulidad que van a plantear las defensas alegando que la denuncia contra Fernández de 2009 —que ha dado lugar a este procedimiento— se firmó en el despacho de quien era uno de sus consejeros y asesores en casi todas las firmas, García Macua.

Las acusaciones por su parte pedirán, aunque todavía no está claro el momento procesal, la prisión para Jabyer Fernández, ante la posibilidad de que “pueda huir” a alguno de los países en los que sospechan que ha podido preparar una nueva infraestructura societaria en la que aterrizar si las cosas se ponen mal y el Juzgado número 6 sigue la estela condenatoria que ya han iniciado el Mercantil 1 y la Audiencia de Bizkaia.

Así están las cosas. Lo que comenzó en 2009 como el impago de 43,5 millones del IVA a la Diputación Foral de Bizkaia —origen de la denuncia de García Macua— en venganza porque la institución foral no le concedió un aplazamiento de pago, ha entrado en su fase final con peticiones de prisión por desviar parte de aquellos fondos, primero a la red de sociedades del grupo y —y después, parcialmente— a manos de sus familiares, madre, hijas y hermanos, así como a las parejas de estos.

Un informe de la Unidad de Auditoría Informática de la Subdirección de Inspección de la Hacienda de Bizkaia, concluye que “es habitual en todos ellos (los familiares) que para hacer frente a necesidades privadas se producen transferencias... con origen en diversas sociedades del grupo familiar” y cuyo destino es cubrir gastos privados.

“En este sentido, hay que recordar” cita el informe de la Diputación, “que muchas de estas sociedades han sido receptoras de los fondos detraídos de Iurbenor, tal y como se señala en este informe”.

En los casos de insolvencia punible no hay delito si las transferencias que la generaron son sólo entre empresas. El informe concluye que se hicieron pagos que nada tenían que ver con actividad económica alguna. Iurbenor ingresó el dinero de la venta de los terrenos del proyecto Puerta de Bilbao y era la que a su vez tenía que haber ingresado los 43,5 millones a Hacienda.

Bilbao ya tenía serias discrepancias con Jabyer en 2009, pero éste todavía confiaba en que el PNV podía acabar mediando en una pelea de gallos que amenazaba con hundir todo el castillo de naipes de su entramado societario, más de un centenar de empresas propiedad de los tres hermanos Fernández y de sus familias.

El empresario envió una carta personal a Iñigo Urkullu, cuanto este era presidente del EBB, —escrito que ahora tiene colgada en su blog personal— en la que le pedía que mediara entre él y el diputado general José Luis Bilbao, para evitar que la ruptura de las relaciones y la judicialización de sus discrepancias dejara en la calle a muchas personas que vivían del sueldo del Grupo Afer.

“Nuestros desencuentros no son en ningún caso con el Partido Nacionalista Vasco ni con la Diputación Foral, sino que responden a una profunda decepción por la absoluta falta de diligencia con la que José Luis Bilbao ha atendido a los compromisos adquiridos el 15 de diciembre de 2006”, le llega a decir.

Pese al intento de politizar la causa, el titular del Juzgado número seis de Bilbao resolvió en mayo pasado que ni el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, ni sus compañeros de partido, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ni Joseba Aurrekoetxea iban a ser llamados a declarar en la causa, al menos en una fase inicial, como pedía Fernández.

La petición de aplazamiento del pago de la deuda tributaria que desencadenó la guerra, se justificaba precisamente en que el empresario, tras la firma con Bilbao de tres convenios de financiación de sus proyectos —los compromisos de diciembre de 2006—, había incurrido en numerosos gastos. Convenios que finalmente Bruselas en junio de 2012 consideró ilegales y que Bilbao, mucho antes de la resolución de la UE, ya había decidido que no iba a abonar.

Los convenios, cuestionados por la oposición y los propios servicios jurídicos de la Diputación de Bizkaia, evidenciaban el profundo compromiso de Bilbao con Jabyer. El primero era para comprar terrenos en Alonsotegi para la planta de viviendas modulares; en el segundo, la Diputación se comprometió a la compra de 1.500 de esos pisos para el Plan Foral de Viviendas y el tercero comprometía a la diputación a financiar un plan de formación específica del personal que trabajará en la fábrica. “No vamos a ser cicateros, es un proyecto muy importante para la comarca”, aseguró entonces el diputado general. Todavía en 2008 el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, incluyó el proyecto de pisos modulares, entre los proyectos estratégicos de su Gobierno, con 6,5 millones de ayuda que nunca libró.

Pese a todo, el empresario está dispuesto a dar batalla hasta el último minuto. No le arredran las sucesivas condenas que arrastra. Primero le condenó el Mercantil 1, el 31 de diciembre de 2011, por maniobrar con “dolo” para agravar la insolvencia de Iurbenor a través de operaciones de ingeniería financiera.

Tampoco le ha hecho retroceder que el recurso ante la Audiencia Provincial le saliera fallido, y que el pasado 19 de julio esta instancia no sólo ratificaran su inhabilitación para diez años y la condena a hacer frente a 35,3 millones multa para reponer los daños generados a Iurbenor, sino que además condenara como responsable de aquellos actos, también a su hermana Susana Fernández (peluquera de profesión) y a Antonio Fernández (ferrallista), que en primera instancia quedaron absueltos.

Sus hermanos declararon en el caso mercantil que no tenían ningún conocimiento de los movimientos de cuentas, ni de las transferencias, y que era su hermano el que “asume personalmente la gestión de todas las empresas del grupo”. La Audiencia Provincial, sin embargo, dejó claro que, si así lo fuera, “ser un hombre de paja” no exime de las responsabilidades societarias en las que se incurre frente a terceros. Jabyer también sostiene que el auténtico arquitecto de su red de empresas es Fernando García Macua, y que él estaba bastante al margen.