Salud se niega a pagar el IBI de varios CAP y hospitales de Barcelona

El Fondo Estatal de Liquidez Especial para las Comunidades Autónomas, mecanismo del Gobierno central para financiar a las comunidades, habrá pagado el 62% de la deuda que la Generalitat tiene con el Ayuntamiento de Barcelona antes de diciembre. El anuncio lo hizo ayer la segunda teniente de alcalde y encargada del área económica, Sònia Recacens (CiU). El Consistorio calcula que el Gobierno catalán, tras algunos pagos, aún le debe 197 millones del cierre de 2012. Pero el fondo puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda solo le abonará 123 millones. La Generalitat no reconoce obligaciones por 74 millones, 21 de los cuales corresponden al departamento de Salud, que considera que no debe pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de varios hospitales y centros de atención primaria (CAP).

La deuda de Salud se remonta en algunos casos hasta 1999. La Ley de Haciendas Locales exime del pago del IBI a las fincas, pisos y solares de la Iglesia, del Ministerio de Defensa y de los equipamientos sanitarios. Pero para ello es necesario que las ordenanzas fiscales de cada municipio regulen el tributo e incluyan esta excención. Barcelona no lo ha hecho en ese último supuesto y, por tanto, Recasens defiende que “la ciudad tiene derecho a cobrarlos”.

La edil se mostró abierta a dialogar con Salud para lograr recaudar los 21 millones. Desde el Ayuntamiento aseguran que algunos CAP y hospitales sí han pagado su IBI, lo cual sería un buen argumento municipal a la hora de justificar su posición. Eso sí, Recasens reconoció que “tendría su lógica” que las tasas de la ciudad incorporen el descuento para los equipamientos sanitarios. De entrada, es difícil que ocurra para 2014, pues el alcalde Xavier Trias ya anunció que su interés es congelarlas. Tampoco cuenta con apoyos para aprobar unas nuevas, pues está en minoría y sopesa seriamente aprobar los Presupuestos ligados a una moción de confianza.

Los pagos de Mas Colell y del Fondo liquidan el 70% de la deuda con Trias

Pero los 21 millones no son el único dinero que la Generalitat no reconoce de la deuda que el equipo de Recasens tiene apuntado en su contabilidad. En total, todos los derechos no reconocidos por Cataluña ascienden a 74 millones de euros. Y de esos, Barcelona no cuenta con que le ingresen este año 65,8 millones, que se sumarían a la deuda —o no— que la Generalitat genere este año.

Los pagos del fondo dan un balón de aire al Gobierno que lidera Xavier Trias, sometido durante todo el mandato a duras críticas de la oposición por su sumisión económica a la Generalitat. Ayer, Alberto Fernández Díaz, líder del PP, aseguró que “solo cuando el Estado paga, restando a las transferencias para Cataluña, Barcelona ha podido cobrar”. Desde el PSC, Jordi Martí aseguró que “la desidia” de Trias ha hecho perder a la ciudad 74 millones.

Fórmula de pago

Recasens explicó ayer la fórmula con la que el Ayuntamiento calculó el dinero que le puede transferir el Fondo Estatal de Liquidez Especial para las Comunidades Autónomas. En primer lugar, el Consistorio cifra en 226 millones de euros la deuda con la Generalitat al 31 de diciembre del año pasado. De esta cantidad, sin embargo, resta siete millones por transferencias y obras no justificadas por parte de la ciudad, dándole un saldo positivo a la Generalitat. Asimismo, el Gobierno catalán ha abonado este año 22 millones de euros de sus obligaciones. Así, la deuda con la ciudad se reduciría a 197 millones.

La Generalitat admite que no tiene dinero para pagar la ley de dependencia

Sin embargo, esta no es la cantidad que la ciudad recibiría del Fondo. Esto es así porque el Departamento de Economía, encabezado por Andreu Mas Colell no reconoce 74 millones de euros de esa cantidad. Así, el Ministerio de Hacienda solo puede abonar 123 millones de euros. Según el Sistema Europeo de Cuentas, es el pagador quien tiene que reconocer la deuda.

El Ayuntamiento llama obligaciones no reconocidas a esos 74 millones. Y los divide en tres niveles de posibilidad de cobro: el primero, y más difícil, los 21 millones de las deudas por el IBI de los equipamientos sanitarios.Allí la voluntad de diálogo es total, pero también podría llegar a los tribunales, aunque desde el Consistorio insisten que esta no es la estrategia.

El segundo nivel, que asciende a 8,2 millones de euros, incluye un paquete de deudas pendiente de reconocer porque se encuentra a caballo entre dos ejercicios presupuestarios, por lo cual hasta que finalicen no se puede reconocer. Una vez se cierren los ejercicios, la Generalitat las anota como deudas. Allí hay varias obras de la ley de barrios.

Finalmente está el problema más grande, que son los 44,8 millones que la Generalitat reconoce como deuda, pero advierte que no tiene capacidad presupuestaria para hacerle frente. Ahí están, por ejemplo, los convenios de la ley de dependencia. Recasens evitó explicar ayer cuál es el ritmo de pago desde la Generalitat ya que defiende que hay tiempo hasta el cierre del ejercicio.