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Adif alega ante el juez que su consejo nunca trató cuestiones de seguridad

Afirma que delegó esa función en los técnicos que ya han declarado por el accidente

Imágenes del accidente de tren
Imágenes del accidente de tren

La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), gestora de la vía férrea Ourense-Santiago en la que el 24 de julio descarriló el tren Alvia por el despiste de su maquinista provocando la muerte de 79 pasajeros, asegura que su Consejo de Administración nunca trató cuestiones de seguridad. Así se lo ha comunicado formalmente la compañía al juez instructor del caso, Luis Aláez, argumentando que esas competencias fueron delegadas en el director de Seguridad en la Circulación de Adif. Pero tanto este técnico como sus subordinados ya declararon también ante el juez que ellos no diseñaron la señalización de la línea, elemento de seguridad que Aláez considera insuficiente para evitar el “previsible” fallo humano en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago.

 La funcionaria que ejerce de secretaria del Consejo de Administración de Adif remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago un documento en el que hace constar que, “revisadas las actas” de las reuniones, “no consta ninguna en la que se haga referencia a acuerdos por los que se otorguen o denieguen medidas de seguridad en relación con la explotación, administración y uso” de la línea Santiago-Ourense. Y añade que “en la fecha de puesta en servicio de dicha línea, la competencia para aprobar instrucciones y circulares necesarias para determinar, con precisión, las condiciones de operación de la infraestructura ferroviaria, relacionadas con la seguridad en la circulación, se encontraban delegadas en el Director de Seguridad en la Circulación de Adif”.

Sin embargo, ninguno de los cinco técnicos en los que actualmente están delegadas esas competencias, encabezados por el ahora director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro, admitió en sus declaraciones de la semana pasada ser responsable de la señalización de la línea. Falta por declarar el antecesor de Besteiro, Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad ya cuando se abrió la línea, en diciembre de 2011, y hasta 50 días antes del accidente. Lo hará el próximo 9 de octubre, cuando también han sido citados los 21 miembros actuales y pasados del Consejo de Administración de Adif, a los que la empresa ya se ha adelantado comunicándole al juez que en sus reuniones nunca se interesaron por cuestiones de seguridad.

Estos 22 nuevos imputados en el caso contarán para defenderse con abogados cuyos honorarios pagará Adif. La empresa ya lo hizo con los de los cinco técnicos que prestaron testimonio la semana pasada, quienes optaron por confiarse todos ellos al mismo equipo de letrados y emplear una estrategia de defensa similar de negación responsabilidades.

Pero el objetivo inmediato de Adif es que ninguno de los 22 llegue siquiera a comparecer ante el juez, para lo que presentará un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Una de las argumentaciones empleadas por la empresa en su primer recurso aún no resuelto fue que la imputación del Consejo de Administración “produciría un innecesario perjuicio a la intimidad de las personas físicas y a la imagen pública de la entidad”. Esa afirmación hizo que los abogados de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia Santiago (Apafas) cargasen duramente contra Adif en un escrito de apoyo a dichas imputaciones presentado esta semana ante el juez: “Si hay un perjuicio desproporcionado es el que trágicamente han sufrido los fallecidos y lesionados”. En ese mismo escrito, los abogados de las víctimas, que como el juez consideran que en Angrois faltaba una señalización adecuada de la curva, creen que Adif tiene difícil explicar por qué, después del accidente, instaló “nueva señalización en los kilómetros previos”. Y se preguntan: “¿Han tenido algo que ver en la introducción de modificaciones [en la señalización] los miembros de la más alta dirección de Adif? Indudablemente la respuesta es afirmativa”.

 

Un perito que ya trabajó en Angrois

D.R.

El juez Luis Aláez ya ha nombrado de forma oficial a los tres ingenieros, de Caminos, Telecomunicaciones e Industriales, que lo asesorarán como peritos independientes en la investigación del accidente. Cada colegio profesional le ofreció a Aláez varios posibles candidatos y un sorteo determinó quiénes son los finalmente elegidos, que ya han aceptado el encargo. El ingeniero de Telecomunicaciones, César Mariñas Dávila, tiene unos 25 años de experiencia profesional, mientras que los de Caminos e Industriales, Alfredo José Matesanz Andrés y Hugo Ramos Rodríguez, cuentan cada uno con poco más de una década de trabajos.

En el caso del perito de Caminos, Matesanz Andrés, llama la atención en el currículum remitido al juzgado un trabajo ferroviario realizado en el tramo en el que se produjo el accidente del Alvia. En mayo de 2009, como director general de una empresa coruñesa de ingeniería, elaboró “documentación técnica” de la obra “accesos a la estación de Santiago” para la constructora Puentes y Calzadas, contratada por Adif. En la misma línea Ourense-Santiago este perito también trabajó en septiembre de 2009 y febrero de 2011 para otras dos constructoras calculando estructuras para la base de montaje de vía y acopio de materiales y elaborando documentación técnica para las instalaciones de seguridad de los túneles.

Los tres peritos elegidos deberán remitir ahora un presupuesto desglosado de sus trabajos a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta, que será la que abone sus honorarios. El hecho de que los tres comiencen a trabajar formalmente aún ahora, dos meses después del accidente, ha hecho que el juez Aláez reciba tanto críticas como elogios por cómo ha instruido el caso hasta el momento. Para Adif, las imputaciones e hipótesis técnicas que ha formulado el juez en sus autos no tienen rigor por carecer Aláez de conocimientos sobre el sector ferroviario sin peritos que lo asesorasen. Pero para los abogados de las víctimas, el juez hizo bien en comenzar a tomar declaraciones y a solicitar informes técnicos sin esperar a que culminase el lento proceso de nombramiento de peritos, ya que lo contrario demoraría la instrucción del caso.