Adif alega ante el juez que su consejo nunca trató cuestiones de seguridad

La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), gestora de la vía férrea Ourense-Santiago en la que el 24 de julio descarriló el tren Alvia por el despiste de su maquinista provocando la muerte de 79 pasajeros, asegura que su Consejo de Administración nunca trató cuestiones de seguridad. Así se lo ha comunicado formalmente la compañía al juez instructor del caso, Luis Aláez, argumentando que esas competencias fueron delegadas en el director de Seguridad en la Circulación de Adif. Pero tanto este técnico como sus subordinados ya declararon también ante el juez que ellos no diseñaron la señalización de la línea, elemento de seguridad que Aláez considera insuficiente para evitar el “previsible” fallo humano en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago.

 La funcionaria que ejerce de secretaria del Consejo de Administración de Adif remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago un documento en el que hace constar que, “revisadas las actas” de las reuniones, “no consta ninguna en la que se haga referencia a acuerdos por los que se otorguen o denieguen medidas de seguridad en relación con la explotación, administración y uso” de la línea Santiago-Ourense. Y añade que “en la fecha de puesta en servicio de dicha línea, la competencia para aprobar instrucciones y circulares necesarias para determinar, con precisión, las condiciones de operación de la infraestructura ferroviaria, relacionadas con la seguridad en la circulación, se encontraban delegadas en el Director de Seguridad en la Circulación de Adif”.

Sin embargo, ninguno de los cinco técnicos en los que actualmente están delegadas esas competencias, encabezados por el ahora director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro, admitió en sus declaraciones de la semana pasada ser responsable de la señalización de la línea. Falta por declarar el antecesor de Besteiro, Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad ya cuando se abrió la línea, en diciembre de 2011, y hasta 50 días antes del accidente. Lo hará el próximo 9 de octubre, cuando también han sido citados los 21 miembros actuales y pasados del Consejo de Administración de Adif, a los que la empresa ya se ha adelantado comunicándole al juez que en sus reuniones nunca se interesaron por cuestiones de seguridad.

Estos 22 nuevos imputados en el caso contarán para defenderse con abogados cuyos honorarios pagará Adif. La empresa ya lo hizo con los de los cinco técnicos que prestaron testimonio la semana pasada, quienes optaron por confiarse todos ellos al mismo equipo de letrados y emplear una estrategia de defensa similar de negación responsabilidades.

Pero el objetivo inmediato de Adif es que ninguno de los 22 llegue siquiera a comparecer ante el juez, para lo que presentará un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Una de las argumentaciones empleadas por la empresa en su primer recurso aún no resuelto fue que la imputación del Consejo de Administración “produciría un innecesario perjuicio a la intimidad de las personas físicas y a la imagen pública de la entidad”. Esa afirmación hizo que los abogados de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia Santiago (Apafas) cargasen duramente contra Adif en un escrito de apoyo a dichas imputaciones presentado esta semana ante el juez: “Si hay un perjuicio desproporcionado es el que trágicamente han sufrido los fallecidos y lesionados”. En ese mismo escrito, los abogados de las víctimas, que como el juez consideran que en Angrois faltaba una señalización adecuada de la curva, creen que Adif tiene difícil explicar por qué, después del accidente, instaló “nueva señalización en los kilómetros previos”. Y se preguntan: “¿Han tenido algo que ver en la introducción de modificaciones [en la señalización] los miembros de la más alta dirección de Adif? Indudablemente la respuesta es afirmativa”.