Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La UE acusa a Baltar de un fraude en la gestión de fondos comunitarios

Bruselas exige a la Diputación de Ourense que le devuelva 10 millones de euros

José Manuel Baltar en la Diputación
José Manuel Baltar en la Diputación

Septuagenario, jubilado y con la misión cumplida —tras dos décadas largas de poder omnímodo en la provincia— de haberse perpetuado en todos sus cargos políticos a través de su primogénito, el expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar empieza a acumular denuncias por los contratos que hizo desde la institución pública sin cumplir los requisitos de legalidad. A la acusación judicial que lo sentará en el banquillo para responder por los 104 empleos que repartió a dedo en la Diputación entre sus afines el entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo, suma ahora una denuncia de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea (UE). Le reclama, a través del Ministerio de Hacienda, 10,1 millones de euros recibidos por la institución ourensana de los fondos comunitarios (los planes Daredo y Deputrans) para instalar, entre 2003 y 2004, estaciones depuradoras en pequeños municipios que el exbarón concedió con “ausencia sistemática de publicidad” e “irregularidades en el proceso de adjudicación”. Esto es, también a dedo.

 La OLAF ha detectado que Baltar padre no solo incumplió los requisitos para adjudicar esas instalaciones sino que sembró la provincia de un sinfín de depuradoras —más de un centenar— que en numerosos casos ni siquiera llegaron a funcionar. En otros —como en el municipio de Arnoia del que era alcalde el entonces vicepresidente de la Diputación y ahora delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martíez— la obra se finalizó antes de sacar a concurso el proyecto. La adjudicataria, SMS, a la que Martínez estuvo indirectamente vinculado, precisó el año pasado a este diario que ese había sido un proyecto piloto “experimental”. Hubo otros casos en los que la instalación quedó a medio hacer.

Cuando varios años después de aquella irrupción en la provincia de los novedosos y poco prácticos —estaban ideados para barcos— sistemas de tratamiento de aguas que los alcaldes no se atreven a encender por el elevado coste de luz que generan, la oposición reclamó explicaciones en la Diputación. El entonces todopoderoso barón del PP les respondió solícito: “Voy a seguir de cerca este tema”. Y lo zanjó ahí. En 2012, con los inspectores europeos de la lucha contra el fraude visitando las abandonadas plantas de tratamiento sufragadas con los fondos comunitarios, el hijo-sucesor del exbarón cerró filas con su padre y sentenció que la investigación serviría “una vez más, para acreditar el excelente papel procedimental de nuestros servicios”. Después centró su interés en saber quién había sido el denunciante, negó las peticiones de comisiones de investigación que le reclamaron PSdeG y BNG y amenazó con medidas penales y la exigencia de una “rectificación pública” a quien osara poner en entredicho el buen hacer de su progenitor en el caso de que se demostrara la falsedad de la imputación de la mala gestión. Ayer, volvió a mostrar su interés por el autor de la denuncia anónima, “un empresario del sector de la depuración de aguas”, precisó. No fue el único. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) informó posteriormente al Consello de Contas y al Tribunal de Cuentas de la UE de que la planta de tratamiento de Xinzo, que tampoco funciona “pudo haber sido sufragada dos veces con cargos a fondos públicos”.

Con el informe de los inspectores de anticorrupción de la UE ya en su mano confirmando la mala gestión y el requerimiento del Ministerio de Hacienda obligándole a devolver más de 10 millones de euros —de un mermado presupuesto provincial de 72 millones— Baltar apeló a la transparencia para intentar echar balones fuera. El presiden ha anunciado ya que él mismo promoverá ahora una comisión de investigación. Baltar intenta atajar el problema por todas las vías. Mientras busca fuera las responsabilidades, anuncia que la ilegalidad “está prescrita” y, al mismo tiempo, informa de que presentará “pruebas contundentes” ante Hacienda para demostrar la “inexistencia” del fraude.

El PSdeG exigirá responsabilidades penales

C. H.

José Manuel Baltar aireó de nuevo ayer su transparencia cuando compareció ante los periodistas para informar de que había recibido el informe de los inspectores anticorrupción de la Unión Europea (UE). Pero no desveló una sola línea de ese informe e incluso precisó que no se lo entregaría hasta hoy mismo a los grupos de oposición — “dentro del plazo legal”— para que dispongan de él con las justas 24 horas de antelación antes de debatir en el pleno del viernes la moción con la que el presidente reclama lo que siempre negó: la comisión de investigación.

A estas alturas, con la investigación que antes demandaban socialistas y nacionalistas ya realizada por la OLAF, a los grupos de oposición no les interesa ya ese trámite —Baltar lo sacará adelante con su arrolladora mayoría— sino saber de dónde va a sacar la Diputación los 10,1 millones de euros malgastados en las abandonadas depuradoras que ahora está obligada a reponer.

El BNG anunciará hoy su posición respecto a esta cuestión. Los socialistas ya han adelantado que “aun en el caso, como pretende Baltar, de que el delito esté prescrito, queda claro que hubo irregularidades y estamos dispuestos a exigir responsabilidades políticas e incluso penales”. El grupo provincial del PSdeG apunta no solo contra Baltar padre sino también contra el, en aquella época, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Arnoia y ahora delegado provincial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez.

El representante de Feijóo en Ourense está también pendiente de juicio. En su caso —tras un proceso de investigación eterno: fue denunciado en 2006— por la supuesta estafa, falsedad en documento público y malversación de un millón de euros de otros fondos de la UE por obras que nunca llegaron a ejecutarse.

“Baltar Blanco nos amenazó a los grupos de oposición con medidas legales si acusábamos en falso de irregularidades a su padre sin permitirnos investigarlas; suponemos que entenderá ahora que nosotros se las exijamos por su actuación con el dinero público”, sostiene el portavoz del PSdeG en la Diputación, Ignacio Gómez.