Los municipios más asfixiados toman aire

Los números rojos que asfixiaban a medio centenar de municipios catalanes hace dos años ya no ahogan tanto: los Ayuntamientos empiezan a tomar aire. El relevo en numerosas alcaldías en 2011 y la limitación del nivel de endeudamiento impuesto por el Gobierno —que impidió a muchos municipios seguir pidiendo créditos sin límite— hizo aflorar el desastre económico. Algunos Consistorios se declaraban en quiebra; otros amenazaban con una suspensión de pagos. Incluso alguno alertaba de que no tenía dinero ni para enterrar a los muertos.

Moià, Sitges, Cunit, Creixell, Igualada… y así hasta casi 50 municipios fueron señalados como ejemplos de mala gestión, por haber gastado más de lo que ingresaban o por construir equipamientos que después no pudieron mantener. La burbuja inmobiliaria les estalló en la cara. Dos años después, la fotografía de sus cuentas ha cambiado sustancialmente, y aunque no se han resuelto todos los problemas, algunos empiezan a poder presumir de números positivos.

El camino durante este tiempo no ha sido fácil. Los Ayuntamientos se han tenido que afanar con la lupa y las tijeras. “Encontramos medio centenar de líneas de teléfono que no funcionaban o una caja con 20 tóneres de una impresora que ya no teníamos”, explica Dionís Guiteras, alcalde de Moià. Los recortes se han llevado por delante servicios como guarderías y escuelas de música. “Ha sido un camino duro, con decisiones difíciles e impopulares”, admite la edil de Cunit, Montserrat Carreras.

Moià. Consiguió en 2012 por primera vez en este siglo cerrar un ejercicio en positivo. Lo hizo con 650.000 de superávit. Una cifra que todavía sorprende a su alcalde, Dionís Guiteras (Ara Moià) que hace dos años calificaba la situación de “estado de emergencia”: debían 25 millones a los bancos y 8 millones a los proveedores (algunos desde 2005), a lo que se sumaba un déficit de 450.000 euros. No tenían ni para nóminas. La culpa: la construcción de un aparcamiento, una piscina, un ambulatorio, una guardería o una escuela que con la crisis no se han podido mantener.

Al tomar el mando del Ayuntamiento de Moià (Bages, 5.700 habitantes), Guiteras sometió los gastos a una revisión de calado. “Las cosas se hacían por inercia, nadie se había planteado si ese euro que se invertía tenía sentido. Cuando te lo replanteas todo, ves que muchos gastos son absurdos”, admite. El aparcamiento entró en concurso de acreedores y la escuela de música se cerró. Actualmente la montaña de facturas pendientes se ha reducido a 60.000. Pero la situación de Moià no es para nada boyante. Todavía arrastra la losa de 20 millones de deuda. “Seguimos dentro del túnel, pero ahora la luz ya no es una brecha, sino que vemos la salida. Ahora Moià tiene viabilidad. Tenemos 6,5 millones de ingresos anuales, esto da para hacer muchas cosas”, sentencia Guiteras.

La extrema situación de Moià ha llegado al Tribunal de Cuentas a raíz de una denuncia de un partido independiente durante el pasado mandato. La investigación del ente fiscalizador sobre subvenciones y obras otorgadas apunta a un posible delito contable por valor de 4,5 millones de euros y a una veintena de personas responsables —políticos y técnicos municipales—, que podrían acabar respondiendo con su patrimonio personal.

Cunit. En 2011, Cunit —Baix Penedès, 12.600 habitantes— se declaraba en quiebra técnica. Debía 23 millones a los bancos, 16 a sus proveedores (que no cobraban desde hacía dos años) y se gastaban anualmente cinco millones más de lo que ingresaba. “Hemos conseguido cambiar la tendencia”, afirma con alegría contenida la alcaldesa, Montserrat Carreras (CiU), para después matizar. “Eso no quiere decir que se hayan acabado los problemas”. Cunit cerró el pasado ejercicio con un superávit de 230.000 euros y pagando facturas a 60 días. Pero la deuda bancaria, aunque se ha reducido, continúa siendo de 18 millones. 

En dos años de mandato, el equipo de gobierno tuvo que afanarse para reducir el presupuesto y los gastos un 25%. Se revisaron los grandes contratos con proveedores, como la telefonía, la recogida de basuras o la limpieza. “Hace dos años pagábamos 90.000 euros en móviles. Ahora 14.000”, abunda Carreras, quien admite que los recortes también se han llevado por delante algunos servicios, como el transporte urbano, que desapareció el pasado verano.

Sitges. En Sitges —Garraf, 29.000 habitantes— también empiezan a ver la luz. En 2011, los 43 millones de deuda, los 24 millones de facturas sin pagar y un déficit de unos cinco millones hacía de la gestión del Ayuntamiento un caballo desbocado. Dos años después, la deuda con los proveedores está casi a cero, tienen unos dos millones de remanente de tesorería y cerraron 2012 con un superávit de cuatro millones. Jordi Mas (CiU), concejal de Hacienda, se muestra “satisfecho”. Para conseguir que, por primera vez en seis años, los ingresos fueran superiores a los gastos se han tenido que ajustar muchos presupuestos, recortando en primer lugar la dotación de celebraciones y fiestas. También se ha buscado aumentar ingresos con nuevas tasas, como la de recogida de basuras —hasta entonces inexistente— o la de uso de equipamientos municipales. El Ayuntamiento ha conseguido ponerse al día con el pago de facturas —ha pasado de pagar a dos años a hacerlo a dos meses— acogiéndose al plan de proveedores estatal, renegociando contratos o aplicando quitas a algunas de ellas. “Hemos apretado el acelerador para salvarnos y no caer en el agujero. Ahora debemos recuperar la velocidad de crucero para no castigar más al contribuyente”, asevera Mas. El concejal anuncia que, con la situación encarrilada pueden empezar a relajar algunas medidas y para el próximo año se reducirá a la mitad el importe de la nueva tasa de basuras.

Figaró-Montmany. Más dificultades está pasando Figaró-Montmany (Vallès Oriental). Con casi todo el territorio dentro del Parque Natural del Montseny, en este municipio de apenas mil habitantes no había espacio para que se hinchara la burbuja inmobiliaria. “Nuestro problema no es el desarrollo urbanístico, son los impagos de la Generalitat”, se queja el alcalde Lluc Peláez (CAF, un partido independiente). Y el origen de su ahogo no ha cambiado. El Gobierno les debe 1,5 millones de euros, básicamente de la Ley de Barrios, una cifra que supone su presupuesto anual. Figaró-Montmany ha recortado su presupuesto una cuarta parte en dos años. De dos millones han pasado a los 1,5 actuales. El alcalde asegura que la reducción se ha conseguido dejando de hacer inversiones, pero que no han tenido que cerrar ningún servicio. “Nuestro problema no es que no tengamos dinero, es que no nos pagan lo que nos deben”, reivindica Peláez. “Estamos en medio del temporal, pero cogidos del palo mayor. Y más o vemos estamos saliendo a flote”, remacha el edil.

El concejal de Sitges resume el sentir general de todos: “El esfuerzo ha sido grande por parte de todos. Hemos aprendido que no se puede gastar más de lo que se tiene, una cosa obvia, pero parece que hasta hace poco no se tenía claro”.