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La reforma de la Administración invade más de 40 puntos del Estatuto

Un informe de la Junta detalla cuáles de sus competencias son “cuestionadas”

Dos mujeres abandonan un centro municipal de la mujer en Almería. Ampliar foto
Dos mujeres abandonan un centro municipal de la mujer en Almería.

En la reforma de las Administraciones Públicas, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy y que prevé un ahorro de 37.700 millones de euros, confluyen dos interpretaciones distintas de una misma realidad. Para el Gobierno central, en palabras de su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, la reforma persigue que “el aparato institucional sea más racional y eficiente”. Para su homólogo en la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el fin es “una poda de la autonomía local” y del “estado autonómico”. Desde un primer momento, la Administración andaluza ha mostrado su rechazo a la medida —incluso no descarta acudir al Tribunal Constitucional— amparándose en que vulnera el Estatuto de Autonomía. Ahora, la Junta pone cifra a ese choque. Según un informe de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la reforma de Rajoy “cuestiona más de 40 artículos” del texto andaluz. “Se cuestionan las competencias exclusivas, las ejecutivas, la naturaleza de la Administración Pública andaluza o los principios de gestión de nuestras competencias”, se detalla en el escrito. Más de 40 artículos que pueden analizarse por áreas.

Un “pretexto” contra el autogobierno

El Gobierno central tiene una “decidida” voluntad de “podar” la Administración Pública española. Usa el “pretexto” de la austeridad y de los compromisos adquiridos con la Unión Europea “para acabar con el autogobierno”. Parece que no ha “asumido el espíritu de los nuevos Estatutos de Autonomía”. Así lo denuncia la Consejería de Administración Local y Relaciones Internacionales en un informe sobre cómo la reforma de las Administraciones Públicas cuestiona el Estatuto de Autonomía de Andalucía —hasta en más de 40 artículos, según el texto—. También reitera, tal y como vienen haciendo PSOE e IU, que la reforma busca privatizar el sector público.

Tras criticar que el Gobierno central no haya pedido opinión a las comunidades autónomas ni a los Ayuntamientos sobre la reforma, la consejería califica de opaca la normativa al no mencionar una memoria económica. “Parece que existen unas 2.000 fichas de desarrollo de dichas medidas que ni son públicas ni se les ha dado traslado a las comunidades autonómas en un ejercicio de opacidad y mal entendimiento”, se detalla en el informe, que pone en cuestión si las medidas “voluntarias” que plantea la reforma no se convertirán en “imperativas” de cara a cumplir con el objetivo de déficit. En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió la semana pasada a las comunidades de que tendrán que asumir los principios de la reforma si quieren acogerse a los mecanismos de ayuda que ofrece el Estado, como puede ser el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La Junta reconoce que es necesario un proceso de reforma de la Administración Pública, pero que este no pasa por el “adelgazamiento sin límites” de las entidades. “El problema del desequilibrio económico en España no pasa por una disminución del gasto público sino por elevar unos ingresos que, en solo un año, han caído más de 10 puntos del PIB”, señala.

» Organismos. El Estatuto de Autonomía ampara en sus líneas órganos de control externo que la reforma del Gobierno central “propone” —son recomendaciones ya que el Ejecutivo no puede intervenir en las competencias autonómicas o municipales— que sean eliminados o racionalizados y que sus funciones sean asumidas por su homólogo central. Entre ellos, se encuentran el Defensor del Pueblo Andaluz (artículo 128), el Tribunal de Cuentas (artículo 130) o el Consejo Audiovisual Andaluz (artículo 131). Según el Ejecutivo de Rajoy, en este área no se cuestiona la competencia de las comunidades autónomas para crear dichos órganos, sino que se reflexiona sobre su “idoneidad, eficacia y eficiencia” en tiempos de crisis.

» Servicios. “Corresponde a Andalucía el establecimiento de un servicio meteorológico propio”. El artículo 57.5 del Estatuto defiende uno de los servicios que la reforma administrativa recomienda centralizar, en este caso, en la Agencia Estatal de Meteorología. También se propone la “unificación, integración o racionalización” de determinados observatorios (Observatorio de Precios y Mercados, por ejemplo) o de los registros y bases de datos. En este punto, el informe andaluz se ampara en los artículos que defienden el “autogobierno”. Se cuestionan además los servicios de estadísticas o los estudios de opinión —estos últimos se propone que sean asumidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas—. Ambas prestaciones quedan recogidas en el artículo 76, que detalla que Andalucía tiene “la competencia exclusiva sobre estadísticas para fines de la comunidad”.

» Economía y empleo. Según el informe de la consejería, la reforma cuestiona el artículo 58, referido a la Actividad Económica. Contra él chocan medidas como la adhesión de las comunidades y los Ayuntamientos a la Central de Contratación del Estado o la apuesta de una plataforma única de contratación del sector público, que “reducirá los costes en que incurren” las autonomías. La comunidad asume “la creación y organización de mercados de valores y centros de contratación ubicados en Andalucía”, reza el artículo.

» Políticas sociales. “El ministerio determinará el coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se definirán las aportaciones de las Administraciones Públicas y beneficiarios para su financiación”. Según el informe, esta medida vulnera el artículo 22 del Estatuto en el que se recogen los derechos de los pacientes. Trabajar por la protección de la infancia y de los inmigrantes —la reforma recomienda centralizar ambos observatorios— también queda registrado en el texto andaluz.

» Educación. Artículos 52 y 53. Según el informe, la reforma vulnera estos puntos con propuestas como que el Ministerio de Educación asuma en su totalidad la tramitación de las becas —hasta ahora, las comunidades se encargaban de funciones como la resolución, la inspección o el pago— o la integración de las diferentes plataformas de educación a distancia.

» Relaciones internacionales. Actuaciones como la integración de las embajadas de las comunidades en Europa en la de España, según el informe, cuestiona los artículos 236 y 239 en los que se defiende que Andalucía tendrá este órgano para “defender sus intereses”. En este apartado también se puede incluir aquellas medidas que hacen referencia a la cooperación, como son la unificación de las ayudas al exterior y la creación de un fondo común, que choca con el artículo 245 del Estatuto de Autonomía basado en “el principio de solidaridad del pueblo andaluz”.

169 centros de información a la mujer, en peligro

MARTA SOLER

Los centros municipales de información a la mujer en Andalucía podrían estar viviendo sus últimos días. La reforma de la Administración Local del Gobierno central contempla suprimir el artículo 28 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en el que se capacita a los Ayuntamientos para trabajar y promover actuaciones en materia de igualdad, educación, salud, medio ambiente y vivienda. Esta reducción de competencias supondría la desaparición de estos puntos en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes. En total, afectaría a 169 centros que atienden cada año a 101.000 mujeres, según los datos facilitados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Como protesta a la medida, se ha creado en la comunidad la Plataforma Pro-Igualdad, un colectivo que aglutina a todos los equipos técnicos de estos centros (informadores, asesores jurídicos, psicólogos, técnicos de las Unidades de Empleo para Mujeres y trabajadores sociales). Su portavoz, Manuel Nacario, denuncia que el fin último de la reforma “es la privatización de los servicios públicos”. “Todos salimos perjudicados pero van a ser las mujeres quienes sufran más el impacto de la supresión de estos recursos”, afirma el portavoz, tras recordar que estos centros prestan servicios en políticas de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de violencia de género.

Para la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Ruiz, la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy “atenta contra los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres, porque supone una supresión de todos los avances conseguidos, década tras década, en materia de igualdad y de violencia de género”.

A modo de denuncia, la intención del colectivo es organizar movilizaciones en todas las provincias andaluzas para evitar el cierre de estos centros municipales, una desaparición que, según Nacario, “supondrá la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos”.

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