El mapa de comarcas agrarias marcará el reparto de los fondos de la PAC

El sector agrícola andaluz ha salido airoso del primer envite de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), pero el partido sigue aún abierto. Tanto las organizaciones agrarias como la Consejería de Agricultura han valorado que el modelo estatal acordado entre el ministerio y las comunidades autónomas, y que está basado en la configuración de comarcas agrarias, permitirá a Andalucía mantener su actual nivel de fondos, cifrado en unos 2.000 millones anuales entre ayudas directas, el programa de desarrollo rural y otras partidas. Ahora bien, queda aún por delimitar los modelos de aplicación del nuevo sistema de ayudas, algo de lo que aún recelan algunas organizaciones y para lo que habrá que esperar al próximo otoño.

Finalmente, el modelo acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura para la aplicación de la PAC es el de la comarca agraria, que era el que propugnaba Andalucía. Se hará una delimitación geográfica y se distinguirán las tierras de regadío, secano, pastos y los cultivos permanentes. La intención es establecer unas 40 comarcas en todo el país con usos productivos homogéneos e importe histórico de ayudas.

La propuesta andaluza para limitar las ayudas a 150.000 euros no prosperó

Para el consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, con este modelo de regionalización Andalucía “cumple plenamente los objetivos planteados desde el principio y no habrá transferencias significativas entre territorios y sectores productivos”. Un grupo técnico se encargará ahora de definir la aplicación del modelo a cada una de las comarcas y la concreción de las ayudas que corresponderán a cada agricultor. También el sindicato Asaja valora que la comarcalización “garantizará el equilibrio productivo y presupuestario lo más cercano posible a la situación actual”. En su opinión, de haber prosperado los pagos redistributivos se habrían producido “trasvases injustificados” entre agricultores y sectores.

Las comunidades autónomas también han alcanzado un consenso sobre otra de las principales aspiraciones de Andalucía, la limitación al máximo de la entrada en el sistema de ayudas de nuevas superficies, que finalmente se ha fijado en 22,4 millones de hectáreas. Y otro elemento que se valora desde Andalucía es el acuerdo de que no se produzcan transferencias económicas entre los dos sistemas de ayudas de la PAC, el primero de pagos directos y el segundo de desarrollo rural. Actualmente, Andalucía recibe 1.600 millones anuales en ayudas directas y 200 millones para de desarrollo rural y otro tanto, para otros programas.

Desde la Consejería de Agricultura también se considera un avance la aceptación de un régimen de pequeños productores, lo que permite garantizar ayudas a 117.000 productores que perciben menos de 1.250 euros. Igualmente, es positiva la apuesta por los jóvenes agricultores, creando un fondo para este colectivo de hasta el 2% del llamado Pago Único, máximo permitido por la Comisión Europea.

El sector valora que se mantengan las ayudas pero recela del modelo para su aplicación

Entre las sombras de la nueva PAC, Planas ha lamentado la propuesta ministerial de elevar el umbral de la ayuda mínima a 300 euros, lo que perjudica a 28.242 pequeñas explotaciones andaluzas (el 10% de los perceptores de ayudas PAC en la comunidad) que cobran ahora entre 100 (mínimo actual) y 300 euros. Se trata de un complemento de renta que contribuye a generar cierta actividad económica y a mantener la población en el medio rural. Tampoco se ha tenido en cuenta la propuesta andaluza para limitar las ayudas en 150.000 euros, pues el techo ha quedado en 300.000 euros. Aunque Asaja rechaza esta limitación al considerar que “va en contra de la filosofía de favorecer la concentración que persigue la reforma en materia de mercado; se trata de una medida equivocada que puede provocar la escisión de explotaciones y va en contra del principio empresarial de la economía de escala”.

Sin embargo, aún quedan por desarrollar aspectos como la definición de los perceptores de las ayudas. “Hay que definir con claridad quién es agricultor en activo, concretando una actividad mínima para ello", sostiene Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA. Asaja defiende que los pagos estén vinculados al desarrollo de una actividad agrícola o ganadera real. También queda pendiente la determinación de las ayudas vinculadas a la producción. Queda por concretar qué otros sectores con necesidades específicas, además de la ganadería, recibirán financiación de estas ayudas acopladas, cuestión aún pendiente de debatir.

Y otro de los aspectos sobre los que poco o nada se ha avanzado es el de los mecanismos de regulación de mercados. Desde la UPA, se insiste en incluir medidas en esa dirección “para evitar que las grandes superficies sean las que marquen la evolución del mercado vía precios; necesitamos precios justos y un reequilibrio de la cadena”. Y es que, si importantes son las ayudas europeas más aún lo son las ventas de los productos agrícolas, ya que el 70% de la renta agrícola depende de la venta de los productos. “La reforma no está ni mucho menos resuelta”, concluye Agustín Rodríguez.