Acampados para impedir los robos en el campo

Los agricultores denuncian los hurtos y acampan para vigilar sus tierras El Gobierno elabora un mapa de cultivos para facilitar el control policial

José Carlos Martínez, acampado para vigilar su producción.
José Carlos Martínez, acampado para vigilar su producción.

La última vez que le robaron a Miquel Oltra fue en junio, cuando perdió 600 kilos de frutas de verano -ciruelos, albaricoques, melocotones, sandías y melones-. Pero durante la última semana, se produjeron robos todos los días en su comarca, La Vall d’Albaida. "Llegan aquí en una furgoneta, roban parte de la producción y luego van a venderla en la carretera o en una rotonda", asegura Oltra, agricultor y vicesecretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders. "Es una mafia". La solución de los productores del campo valenciano, como José Carlos Martínez, secretario comarcal de la Unió en la Ribera Alta, es mantenerse acampados, vigilando la producción. "Pero tuve que salir para mirar mi plantación de pimientos el último sábado. Y entretanto me robaron 400 kilos de sandía", afirma.

Todos los años pasa lo mismo. Con las cosechas que arrancan en mayo, y que se extienden a lo largo de todo el verano, empiezan también los robos de las producciones en las comarcas valencianas. Pero si en los años anteriores ocurrían pequeños hurtos, ahora los robos en el campo son cada vez mayores y más constantes, según denuncian la Unió y la Asociació Valenciana d’Agricultors (AVA). Las pérdidas sumaron más de 20 millones de euros el año pasado y ya se detecta un aumento del 25% de los casos de robo este año, según datos de la Unió. Las asociaciones reclaman del Gobierno medidas eficaces, como más vigilancia y, principalmente, una reforma del Código Penal para que los hurtos no sean considerados como una falta, sino un delito de robo. "Nadie va a robar si no se puede convertir en euros, ¿cierto?", sostiene Oltra.

A la vigilancia constante de los productores finalmente se sumaron las fuerzas de seguridad, tras el anuncio del llamado "mapa de cultivos", un Sistema de Información Geográfica (SIG) desarrollado por el Instituto Cartográfico Valenciano en colaboración con la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura.

El mapa, al que tendrán acceso exclusivo todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ofrece información sobre los tipos de cultivo y las fechas de cosechas en cada comarca. Lo presentó la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, tras la reunión del grupo de trabajo de seguridad en el ámbito rural este miércoles, en la que también participaron los consejeros de Agricultura, José Ciscar; el de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano; y la de Infraestructuras, Isabel Bonig, además de otros representantes de la Generalitat; representantes de la Unió, de AVA y de otras asociaciones agrarias; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Con el mapa de cultivos, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Autonómica tendrán a su disposición "una herramienta más para hacer el trabajo de vigilancia", a través de la cual "podrán saber qué zona concreta, en qué fecha determinada y qué parcelas y cosechas corren mayor riesgo de sufrir un robo", resumió Sánchez de León. La actualización del mapa se dará de forma constante, a través de la colaboración de cooperativas en las comarcas que van pasando la información.

Las asociaciones de agricultores felicitaron al Gobierno por la iniciativa, pero fueron prudentes al decir que "se trata de una herramienta más" y que "se tienen que hacer muchas más cosas", según afirmó Bernardo Ferrer, vicepresidente de AVA. Las asociaciones agrarias también exigen más inspección a almacenes, chatarrerías y mercadillos que compran producciones agrarias o material de cobre y herramientas, para que se pueda comprobar la procedencia de la mercancía. "El consumidor no tiene ninguna garantía sanitaria", afirma Miquel Oltra.

Pero el principal planteamiento es la reforma del Código Penal, ya que hurtos de hasta 400 euros son considerados una falta, pero no un delito de robo. "Y no están contemplados los casos de reincidencia ni los daños causados", explica Oltra. Y completa: "Lo que falta es voluntad política. Los juzgados están saturados de trabajo y la tramitación de una denuncia es muy lenta. Muchos agricultores ya ni la hacen".

Respecto a este punto, Sánchez de León reafirmó la importancia de las denuncias: "Estamos insistiendo que es el punto básico para combatir los robos". Aseguró, sin embargo, que, mientras en 2012 hubo 538 detenciones, solo en el primer semestre de 2013 ya son 489. "Eso es el resultado de más denuncias y más eficacia policial". La reforma del Código Penal, según explicó, ya está en tramitación y contempla las cuestiones que plantean los agricultores. Por su parte, el consejero Serafín Castellano destacó la importancia de combatir la venta ilegal de mercancía, por tratarse también de un problema de "seguridad alimentaria".

La crisis llega al campo

La Unió también denuncia que "la situación de crisis ha intensificado los robos en el campo". Francisco Vañó, secretario comarcal en L’Alcoià, también vigila su producción, pero en su comarca los hurtos pueden producirse por otros motivos. "Aquí hay mucha gente con propiedad, con chalés… Gente que tenía dinero pero que por la crisis no consigue mantener el nivel de vida. ¿Qué hacen? Pues vienen en furgonetas y roban todo lo que pueden. Material de riego y motosierras para revender, frutas de verano para consumir, o paja para sus caballos", explica Vañó. "Este mes tuvimos pérdidas de 6.000 kilos solo en esta comarca".

Miquel Oltra explica que los hurtos se dan en todo el campo valenciano todos los años. "Pero en cada sitio por motivos distintos. Como en el caso de L’Alcoià, que es una zona de muchos chalés".

"El sector de agrario merece respeto. El sector agrario está cansado", finaliza Ferrer, vicepresidente de AVA.

Sobre la firma

Felipe Betim

Nacido en Río de Janeiro, ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Escribe sobre política, temas sociales y derechos humanos entre otros asuntos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la PUC-Río y Máster de periodismo de EL PAÍS/Universidad Autónoma de Madrid.

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