La Junta se moviliza contra la reforma local por “dañina e innecesaria”
El Gobierno andaluz asegura que la norma supone una pérdida de autogobierno de los municipios
El anteproyecto de la reforma de la Administración Local que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros empeora las previsiones más pesimistas que había hecho la Junta con los borradores conocidos hasta ahora. El Consejo de Gobierno mostró este miércoles su rechazo a la norma y acordó una batería de medidas para combatirla. Entre otras, encargar a los servicios jurídicos un estudio sobre la constitucionalidad del texto para decidir si se recurre o no al Tribunal Constitucional.
Para el Gobierno andaluz, la reforma reduce la autonomía local y supone un “intento de recentralizar” las competencias a favor del Estado, afirmó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez. “El Gobierno pretende más tutela por su parte y menos democracia local” sostuvo Vázquez, quien calificó la norma de “dañina e innecesaria”. La Junta le reprocha también al Ejecutivo que no haya incluido en el anteproyecto una memoria económica para poder conocer cuánto y en qué pretende ahorrar. Uno de los temores de la Junta es que el texto “abra la puerta a la privatización” de los servicios públicos que ahora ofrecen los Ayuntamientos más pequeños.
Según un informe que presentó ayer al Consejo de Gobierno el vicepresidente y consejero de Administración Local, Diego Valderas, el 89,6% de los Ayuntamientos andaluces (691 de 771) verán afectadas sus competencias por la reforma local. Son todos los que tienen menos de 20.000 habitantes, que es en los que se centra el texto estatal. El vicepresidente lamentó ante sus compañeros de gobierno la “pérdida de autonomía y de autogobierno” que supone la reforma estatal para las entidades locales.
Además de encargar el informe a los servicios jurídicos, el Ejecutivo andaluz acordó presentar alegaciones al texto, pedir la convocatoria de la conferencia sectorial en materia local y solicitar el posicionamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ahora presidida por el PP y que no se ha pronunciado sobre la reforma.
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