El Supremo obliga al TSJ a revisar la operación de Tabacalera en Valencia

La operación de Tabacalera, una de las iniciativas urbanísticas más polémicas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está en el alero. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que avaló el derribo de varias naves del antiguo complejo industrial para construir pisos y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a revisar la actuación municipal. Los magistrados valencianos deberán dictar un nuevo fallo que tenga en cuenta nuevas pruebas relacionadas con la protección de Tabacalera y el proyecto aprobado por el Ayuntamiento que presentó el colectivo Salvem Tabacalera y no fueron admitidas en el proceso.

El Consistorio aprobó a finales de 2005 una reordenación urbanística de calado para convertirse en dueño de Tabacalera. Tras aprobar una recalificación que excluyó de la protección como conjunto histórico a parte de los edificios de la antigua fábrica, el Consistorio dirigido por Barberá firmó en octubre de 2006 con la inmobiliaria Guadalmedina un convenio de permuta que dejó en manos de la empresa suelo residencial para construir 400 viviendas (más aparcamientos) en dos puntos privilegiados de la ciudad.

La empresa del grupo Ballester, que había comprado Tabacalera a Altadis, logró que el Consistorio derribara naves laterales y traseras del conjunto para levantar 320 viviendas y le entregara un edificio municipal en la plaza de América, con vistas al Jardín del Turia, para demolerlo y construir otro centenar de pisos. A cambio, el Ayuntamiento se quedó con Tabacalera y una compensación de 14,3 millones de euros que no alcanzó ni de lejos para cubrir los más de 50 millones de euros que costó la rehabilitación del gran conjunto modernista de principios del siglo XX y su conversión en centro administrativo.

La oposición al PP denunció la operación por la destrucción de parte del conjunto y por considerar que la permuta estaba desequilibrada y suponía una ruina para las arcas locales. El grupo socialista incluso llevó el caso a la fiscalía al entender que pudo cometerse una supuesta prevaricación con la permuta, que dejó al grupo Ballester beneficios multimillonarios que la oposición estimó en más de 150 millones de euros. La fiscalía no vio trato de favor a la inmobiliaria Guadalmedina.

El plan de Barberá se impuso con la bendición de la Generalitat entre las denuncias de “pelotazo” de la oposición, y las protestas de arquitectos, academias de bellas artes e incluso del Ministerio de Cultura, que pretendía que el conjunto de Tabacalera se declarara Bien de Interés Cultural. La alcaldesa desechó las críticas y las atribuyó a “rabietas de la oposición”.

Las máquinas entraron en Tabacalera a finales de 2007 y destruyeron las naves laterales, que el Ayuntamiento alegaba que no eran parte del conjunto original, y Guadalmedina recibió permiso para construir las viviendas.

El TSJ valenciano también avaló la recalificación urbanística y rechazó en 2010 el recurso de Salvem Tabacalera sin entrar a analizar la permuta con Guadalmedina porque argumentó que debió recurrirse en un procedimiento aparte. Tampoco admitió una serie de pruebas con las que el colectivo pretendía demostrar que la desprotección de las naves era ilegal y que los pisos de Guadalmedina, dos torres el doble de altas, destrozaban el conjunto histórico.

El Supremo, sin valorar la actuación municipal, enmienda la plana al TSJ y ordena repetir parte del proceso para que se analicen pruebas sobre la protección patrimonial y la permuta.

Salvem Tabacalera anunció este lunes que insistirá en la reconstrucción de la fábrica, y PSPV y EU se felicitaron por el fallo. El vicealcalde, Alfonso Grau, restó importancia al asunto y consideró que el Supremo anula el fallo del TSJ por cuestiones “exclusivamente formales” sin prejuzgar la legalidad de la operación.