Un juez autoriza una prueba de ADN para resolver el supuesto robo de un bebé

Debía ser un día histórico para la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que reúne la mayor parte de denuncias de supuestas sustracciones de niños de Andalucía. El juez había llamado a declarar como imputados a un pediatra y un ginecólogo del hospital de la capital gaditana y al celador de la funeraria. Pero solo se ha presentado el pediatra. Los otros dos habían fallecido años atrás. Y, además, el pediatra no ha declarado porque el juez ha pospuesto su testimonio hasta comprobar si los restos aparecidos en el cementerio de San José corresponden o no con los de la familia denunciante. Esta autorización es, al menos, una garantía para el colectivo de que el caso sigue abierto.

Teresa Andreu cree que su hermano fue robado del centro sanitario de Cádiz cuando nació en 1982. Ahora tendría 31 años. A su familia les dijeron que había muerto. Pero cuando recientemente pudieron reclamar los restos de los bebés enterrados en el cementerio gaditano comprobaron que no había nada en el lugar exacto donde se supone que debían estar. Cerca había otras cajas, que ahora son las que se tendrán que analizar. Además, Andreu ha comprobado que en los expedientes de defunción de su hermano había contradicciones. Sus sospechas han sido atendidas por el juez que citó como imputados a estos dos profesionales sanitarios y al celador.

“Ha sido una decepción porque esperábamos mucho de esta jornada. La citación se produjo hace meses y hasta hoy no hemos sabido que dos habían fallecido”, ha lamentado la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, Chari Herrera. No pierde la esperanza. “El juez ha autorizado la prueba de ADN con todos los restos que había en esas cajas. Si coincide con el de Teresa, archivará el caso. Pero si no coincide, tomará declaración al pediatra”, aclara.

Su colectivo está a la espera además de que se cierre el plazo de solicitudes abierto por el Ayuntamiento de Cádiz hasta el 24 de agosto para pedir exhumaciones en el cementerio gaditano, que está a punto de ser clausurado. De momento, se han presentado 43, aunque el colectivo cree que serán más. El acuerdo establece que las exhumaciones correrán a cargo del Consistorio pero las pruebas de ADN las deberán pagar las familias, con un coste total estimado en 100.000 euros, de ahí que el colectivo haya emprendido una campaña de actos benéficos para recaudar fondos.