Trias obligará a sus proveedores a pagar en 30 días a las subcontratas

Muy pocos Ayuntamientos en España tienen la solvencia económica para pagar en 30 días a sus proveedores. El de Barcelona no solo está entre esas excepciones sino que ayer comunicó que dará un paso más, inédito en el Estado: impondrá este límite de pago también a las empresas subcontratadas por las que le prestan servicios al Consistorio. La patronal de las pymes, Pimec, valoró positivamente el anuncio, que según sus cálculos beneficiará a 18.000 negocios cada año.

A partir de enero del próximo año, explicó la segunda teniente de alcalde Sònia Recasens (CiU), los contratos del Ayuntamiento incluirán una nueva cláusula específica dentro de los pliegos de cláusulas. Esta estipulará que el adjudicatario de un contrato presente obligatoriamente una declaración jurada en la que se comprometa a pagar en un plazo que no sea más desfavorable del que cobra de la Administración. Si el proveedor excede el periodo acordado, el Ayuntamiento puede llegar a tomar medidas correctivas, entre ellas, la rescisión del contrato.

En junio, el Ayuntamiento pagó en 27,7 días a sus proveedores

Asfixia de las pymes

“Con esta medida el Ayuntamiento se dirige a las pymes para que puedan ser empresas más competitivas y puedan acabar con la asfixia económica que sufren”, dijo Recasens. En junio, el Ayuntamiento pagó en 27,7 días a sus proveedores. Madrid, por ejemplo, paga a una media de 180 días. Sevilla, a 59,6 días.

La edil encargada del área económica también explicó que las empresas subcontratadas podrán consultar vía correo electrónico la información sobre el periodo de pago de facturas y presentar sus quejas por los incumplimientos. “Estamos convencidos de que la mayor solvencia servirá como motor de crecimiento económico”, dijo Recasens.

Desde Pimec, su presidente Josep González, aseguró que el impulso de esta medida convierte al Consistorio liderado por Xavier Trias en “un referente y modelo a seguir por el resto de Administraciones del país”. El presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad y secretario general de la patronal, Antoni Cañete, ejemplificó los beneficios de la acción: una empresa que factura 10 millones y trabaja con una Administración pública se ve obligada a endeudarse por cinco millones de euros para hacer frente a las dilaciones de pagos (unos 125 días en promedio en todo el Estado). Si la misma empresa trabaja para Barcelona, lo tendría que hacer por un millón, un 80% menos.