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Las expropiaciones quedan en suspenso

La Junta no podrá completar el embargo y la propiedad seguirá siendo del banco

Ana María Gómez, una de las andaluzas beneficiadas por el decreto. Ampliar foto
Ana María Gómez, una de las andaluzas beneficiadas por el decreto.

El Gobierno central ha confirmado que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto andaluz de la vivienda por lo que la Junta da por hecho que en los próximos días el alto tribunal le notificará la paralización cautelar de la norma. El Constitucional tiene cinco meses para decidir si mantiene suspendido el decreto mientras dirime sobre el fondo del asunto (la inconstitucionalidad de la norma) o permite a la Junta seguir aplicándolo hasta que haya una sentencia.

La consejera Elena Cortés ha señalado en Bruselas que son varias las familias que han solicitado en las últimas semanas acogerse a la norma andaluza y para las que aún no se ha iniciado el expediente de expropiación. Estas familias no podrán beneficiarse del decreto mientras el Constitucional mantenga la suspensión cautelar.

Pero ¿qué pasará con las 12 familias para las que la Junta ya ha abierto el expediente de expropiación temporal de su vivienda con el objetivo de que no sean desahuciadas por el banco? Los expedientes iniciados también se quedan ahora en suspenso, señalan fuentes de la consejería, que advierten de que la Junta no podrá completar la expropiación y la propiedad de estas viviendas seguirá siendo de la entidad financiera con la que la familia tuviera la hipoteca. Si el juez decide ahora poner fecha al desahucio, las familias podrán ser desalojadas, por lo que la Junta ha hecho un llamamiento a los jueces para que no hagan nada hasta que el Constitucional se pronuncie.

La suspensión cautelar paraliza también las otras patas de la norma: las sanciones a las viviendas vacías que tengan los bancos e inmobiliarias y las multas para las entidades financieras que den a sus VPO un uso contrario al fin social para el que fueron construidas.

Tras confirmar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno central ha reiterado a la Junta su ofrecimiento para abrir una “vía de diálogo informal” sobre el decreto, pero sin retirar el recurso judicial. La consejera de Vivienda ha rechazado la oferta. “No queremos hablar informalmente. Reclamo al Gobierno central que retiren el recurso de constitucionalidad y que convoque la comisión bilateral”, afirma Cortés, en referencia a la petición que lanzó Andalucía la semana pasada para intentar resolver las discrepancias sin llegar al alto tribunal. La presentación del recurso del Gobierno anula esta opción.