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El Supremo anula la ampliación del puerto de Altea que avaló el Consell

El proyecto se autorizó con una declaración ambiental realizada sobre un proyecto anterior

El Tribunal Supremo desestima el recurso que en su día presentó la Generalitat y que pretendía legalizar el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, que iba a pasar de 500 a 1.000 amarres. Las obras comenzaron y la Generalitat las paralizó cuando Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF presentaron un recurso por su impacto ambiental.

La sentencia del 1 de febrero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que anulaba ese proyecto sigue en pie. El Supremo estima que el estudio de impacto ambiental realizado por el promotor (Marina de Greenwich, SA) no se correspondía con el proyecto presentado sino que estaba relacionado con un proyecto diferente. La declaración de impacto ambiental pretendía imponer como una medida compensatoria el trasplante de las matas de esa a otra localización. Sin embargo, ese trasplante era inviable y nunca se había realizado con éxito en el Mediterráneo en una extensión tan grande. Según los denunciantes el estudio de impacto ambiental presentado no se correspondía con el proyecto final, sino con un proyecto anterior, sometido a información pública en el año 2000.

La sección tercera de sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat interpuso en mayo de 2010 contra la sentencia del TSJCV de febrero de 2010. Esta sentencia anulaba el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes (ahora denominado Marina Greenwich). Fue presentado por la mercantil Marina de Greenwich, SA, en 2002 y aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Urbanismo.

En el procedimiento judicial quedó acreditado que las obras ocuparían y destruirían una pradera de Posidonia oceanica muy bien conservada en una extensión de varias decenas de hectáreas.

El fallo establece que Marina de Greenwich, SA, y la Generalitat deberán pagar las costas del proceso, que son unos 2.000 euros cada uno.

 

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