Los 3.000 millones de la construcción naval

Si tuviéramos 3.000 millones de euros para subvencionar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Invertirlo en nuevas actividades con futuro o destinarlos a seguir manteniendo en la agonía a sectores que hace tiempo perdieron el tren de la competitividad? Ahora sabemos, porque el dato no figura en los presupuestos ni ha sido dado a conocer nunca, que el subsector de la construcción naval recibe unos 500 millones anuales en forma de desgravaciones fiscales que Bruselas considera subvenciones ilegales. Estamos hablando de un pequeño sector industrial, que ha sido desplazado por la competencia de Asia y que en la actualidad, entre astilleros e industria auxiliar, solo da empleo a 25.000 personas en España, de los que 1.142 están en la comunidad autónoma vasca. Apenas una quinta parte de lo que había en los años 80.

Esas subvenciones, que no son las únicas que recibe el sector, suponen el 30% del valor del buque, cuando la normativa europea solo permite subvencionar hasta un máximo del 20%, y equivalen a una inyección de fondos públicos del orden de 20.000 euros anuales por empleo. No es difícil concluir que semejantes desgravaciones fiscales no pasarían ningún examen de eficiencia, por lo que siempre se ha evitado discutir en público sobre ellas.

Por estos lares ya tenemos la desagradable experiencia de lo que pasa cuando se financia a las empresas con ayudas ocultas que no han pasado el filtro de Bruselas. En efecto, los chollos fiscales sin permiso de Bruselas suelen crear burbujas que terminan con denuncias por parte de las empresas perjudicadas por esa competencia desleal y con la explosión de todo el mecanismo, al obligar Bruselas a devolver lo financiado irregularmente.

En el caso de las desgravaciones del 45%, fue Fagor quien denunció las ayudas de Vitoria a Daewo, lo que finalmente puso al descubierto todo el entramado fiscal que se había mantenido oculto hasta entonces. En el caso de la construcción naval, han sido los astilleros holandeses, pero también noruegos, portugueses y un largo etcétera, los que han denunciado el sistema español de subvención de buques. Y cuando explota el conflicto, ¿se proponen soluciones? ¿Se exigen responsabilidades a quienes han creado esa burbuja fiscal? En absoluto: sacamos la bandera de la patria, y al grito de que “son unos cabrones que nos quiere arruinar” acudimos en masa a defender un sistema tan indefendible.

Ni por un momento se nos ocurre plantearnos que puesto a gastarnos los 3.000 millones que parece que Bruselas quiere hacer devolver, hay actividades productivas cuyo financiación podría hacerse con ese dinero de manera mucho más beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Desde 2005 se sabía que el sistema español de ayudas era ilegal, porque en esa fecha Bruselas ordenó eliminar el sistema francés que era muy similar al español. Entonces el sector pudo optar por hacer como los franceses, reducir las subvenciones a un 20% del valor del buque, pero prefirió seguir ordeñando la vaca.

Ahora, cuando parece que Bruselas va a obligar a devolver a los beneficiarios de las ayudas concedidas a partir de 2005, esos famosos 3.000 millones, todo son manifestaciones y protestas contra los holandeses o contra el traidor de Almunia. Yo no sé cómo va a acabar esto el próximo día 17, pero no me gusta para nada la posición del todo o nada que se presenta ante la opinión pública.

Si yo tuviera que proponer algo diría que se aproveche el hecho de que hace una semana escasa Bruselas aprobó el nuevo esquema de ayudas al sector naval español, (algo que se debería haber hecho en el año 2006) y que limita el montante de la subvención al 20% del valor del buque, para proponer que solo se tenga que devolver el exceso sobre ese 20%, es decir unos 1.000 millones de euros de los 3.000 que se reclaman. Sobre invertir en I+D, hablaremos en otra vida.