Sanidad suspende su compromiso de operar en menos de 30 días

Esperanza Aguirre se postuló a la presidencia de la Comunidad en 2003 con una osada promesa electoral: bajo su mandato, ningún madrileño esperaría más de un mes para ser operado. De no cumplir, dimitiría. Tan arriesgado compromiso obligó, una vez conseguido el Gobierno regional, a idear un enrevesado sistema de cómputo de listas de espera quirúrgica que permitiera a Aguirre dar por cumplida su promesa. En realidad, siempre ha habido madrileños que esperan más de 30 días para operarse —hasta más de un año, en algunos casos—, pero el sistema, al menos formalmente y gracias a alguna trampa, resistía sobre el papel. Hasta ahora. La Comunidad ha suspendido el compromiso. Por primera vez desde 2004 reconoce que hay más de 1.100 pacientes a los que no puede operar a tiempo.

Esta circunstancia coincide con una acusada subida del número de personas que están en la lista de espera. Son 64.311, la cifra más alta desde que, en 2004, se puso en marcha el plan. El dato es de marzo pasado. Supone una subida del 11,4% con respecto al trimestre anterior, cuando, con 57.722 personas aguardando una operación, ya hubo que hablar de récord. El dato de marzo se traduce en 11.255 personas más que hace un año. Además de las cifras absolutas, aumenta el tiempo de espera medio. Si hace un año eran 58,8 días para los pacientes que rechazaban la primera opción que les ofrece Sanidad, y que suele ser un centro concertado, ahora son ya 77,7 días.

El Gobierno regional atribuye “en un alto porcentaje” los pésimos datos de lista de espera a la huelga sanitaria que, entre noviembre y diciembre, obligó a cancelar 50.000 consultas y posponer 6.500 intervenciones quirúrgicas. Durante las protestas, la Consejería de Sanidad siempre habló de un seguimiento muy bajo, de un 6% de media. “La incidencia de la huelga no fue alta, pero tuvo mucha repercusión en los quirófanos”, explican fuentes de Sanidad. “Solo con que haga huelga un anestesista, en su turno el quirófano no funciona”, añaden. La red pública madrileña realiza entre 35.000 y 40.000 intervenciones quirúrgicas al mes —la media desciende en julio y agosto—.

Otro de los factores que explican el incremento es la suspensión de las llamadas peonadas desde el 1 de enero. Se trata de jornadas de tarde, pagadas con horas extraordinarias, que se hacían en los hospitales para reducir las esperas. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció en noviembre pasado que iba a contratar a médicos y a otro personal sanitario en turno de tarde para ahorrar hasta 20 millones en peonadas. Aún no lo ha hecho, por lo que muchos quirófanos solo operan por la mañana.

Fuentes de Sanidad aseguran que en septiembre se reforzarán las plantillas con nuevos contratos para 200 profesionales —la mitad de ellos, médicos— para absorber esas operaciones acumuladas. “Queremos aumentar el rendimiento en jornada ordinaria”, aseguran desde la Consejería.

El Gobierno regional argumenta que el artículo 28 del decreto 62/2004 con el que se creó el plan para reducir la lista de espera permite la suspensión temporal del compromiso de operar en menos de 30 días “cuando concurran situaciones de catástrofe, conflictos colectivos o graves emergencias sobrevenidas hasta tanto se resuelvan las mismas”. La huelga médica entraría dentro del “conflicto colectivo”.

El peculiar sistema de contabilidad —que provocó que el Ministerio de Sanidad expulsara a la región del cómputo nacional en 2005— consiste en que no existe una sola lista, sino tres. La promesa de operar en menos de 30 días solo se cumple cuando el paciente entra en la llamada lista “estructural”. Antes se le coloca en otra, la de los pacientes “transitoriamente no programables”, mientras aguarda la visita con el anestesista o las pruebas preoperatorias. En el resto de España, se entra en lista oficialmente cuando el médico indica la operación. Con este truco, Madrid tiene una ventaja de casi 30 días sobre el resto. El segundo ardid consiste en que, si el paciente rechaza la primera opción, que en muchos casos es una clínica privada, se ve penalizado con esperas que multiplican por siete las de la lista oficial. Según los últimos datos, el 45% de los pacientes se encontraban en esta situación en marzo.