Mas crea un registro que le permitirá recabar apoyos al plan soberanista

Los ciudadanos y entidades que comulguen con los proyectos del Gobierno de CiU podrán comunicarle su adhesión firmando en un registro oficial que pondrá en marcha la propia Generalitat. La iniciativa consta en una Orden publicada en la página web del departamento de la Presidencia por el que se procede a crear el llamado “registro de adhesiones a las políticas impulsadas por el Gobierno de la Generalitat”. La medida, inédita según varios expertos consultados, estará lista a finales de este año o a comienzos de 2014, justo cuando expira el plazo que CiU y ERC se han dado para tener listos los mecanismos para facilitar algún tipo de consulta de autodeterminación.

El registro permitirá recabar abundante información personal de los ciudadanos, como nombre y apellidos, número de DNI , teléfono, dirección postal y correo electrónico. También el sexo y la fecha de nacimiento. Aunque estos datos se guardarán en secreto, el Gobierno sí se reserva el derecho de hacer público el nombre de las personas inscritas en este registro. También de tratar los datos recabados para obtener información estadística.

El documento no explicita para qué servirá exactamente este registro. Fuentes del Gobierno consultadas ayer explicaron que se trata de un mecanismo de “transparencia” y “participación” que debe servir para “facilitar que los ciudadanos puedan opinar y participar en los procesos que determine el Gobierno. Preguntadas estas fuentes por si podría servir para preguntar por el proceso de autodeterminación, no lo descartaron, aunque insistieron en que lo importante es tener el registro “a punto para cuando se necesite”. Las mismas fuentes trataron de dar una componente de normalidad a la decisión al recordar que la Generalitat ya tiene creados unos 40 registros por todo tipo de asuntos.

Socialistas y Ciutadans cuestionas la legalidad  de la iniciativa de CiU

Lo cierto es que el Gobierno catalán tiene mucha prisa para poner en marcha el registro de adhesiones. Tanta que ha optado por tramitarlo por la vía de urgencia acortando el plazo de exposición pública del proyecto, lo que contrasta con la supuesta promoción de la participación ciudadana. La Generalitat solo ha dado siete días hábiles para recabar enmiendas. Presidencia justifica estas prisas por la necesidad de “dar cobertura inmediata a las propuestas de participación ciudadana llevadas a cabo por el Gobierno de la Generalitat en el contexto social y político actual”.

Los datos de este registro estarán en poder del departamento de Presidencia, que dirige Francesc Homs, uno de los consejeros más identificados con la preparación de la consulta soberanista.

La oposición ya mostró ayer su preocupación por una iniciativa que permitirá hacer público quién está a favor de las políticas del Gobierno. En un comunicado, el portavoz del PSC, Jaume Collboni, tachó de ambigua e inconcreta la propuesta del Gobierno, y advirtió de que “si se aprueba tal y como ha trascendido” su partido pedirá la retirada inmediata del proyecto. "Dudamos de su legalidad y de la buena fe de la actuación del Gobierno en esta materia”, afirmó Collboni.

El portavoz de Ciutadans Matías Alonso aseguró que lo que busca el Gobierno de CiU es “coaccionar a una parte de la ciudadanía y tener registrados a los buenos y malos catalanes”.

El Gobierno argumentó que la palabra “adhesión” es genérica y que en ningún caso se pretende controlar los apoyos que tiene el ejecutivo catalán entre la sociedad.

Las dudas de la oposición sobre la verdadera razón de ser del registro de adhesiones se basa en que el Gobierno ha insistido que está trabajando en todos los frentes posibles para poder consultar a los ciudadanos sobre el futuro de Cataluña. Ayer mismo, el presidente catalán insistió en que el Gobierno está trabajando discretamente para poder preguntar a los catalanes. Precisamente, el proceso soberanista fue objeto de un bronco debate en el Parlamento, en el que CiU y PP pugnaron por liderar la oposición al plan de Mas.