La Generalitat defiende a los Mossos d’Esquadra tras las acusaciones de inacción del Ministerio de Transporte por el robo de cobre en Rodalies
Un nuevo robo de cableado en Lleida y una incidencia eléctrica entre Vic y Ripoll complican aún más la situación de Cercanías en Cataluña
El director de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, ha defendido este martes al cuerpo policial ante las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, que eximió de responsabilidades a Adif y Renfe por el robo de 40 metros de cable de cobre en Montcada Bifurcació y que hasta este lunes por la noche ha tenido hasta ocho líneas ferroviarias afectadas. “Es una irresponsabilidad acusar a la policía de inacción. ¿Cómo puedes afirmar que los mossos no investigan? Hemos hecho entre el domingo y el lunes tres inspecciones físicas en la zona de los incidentes y revisado todas las cámaras”, ha defendido Ferrer en TV3, quien ha señalado que en la zona de los incidentes, “de alta relevancia para la infraestructura ferroviaria catalana”, no había cámaras. El director de los mossos ha mostrado su sorpresa porque “48 horas después” del robo del cobre “todavía no se ha presentado la denuncia” desde el Ministerio.
Ferrer ha respaldado la labor de los mossos, que ha aumentado un 250% las horas de patrullaje (6.400 horas al mes) para prevenir el robo de cobre y ha cuestionado las acciones del Gobierno para mejorar el servicio ferroviario: “Desde el año 2010, hemos dejado de recibir 3.600 millones de euros que iban destinados a las infraestructuras. Es uno de cada dos euros de los que estaban previstos”, ha reclamado Ferrer, quien también ha señalado que el 96% de los robos de cobre se producen en la red de Adif. “Se hace difícil pensar que la explicación de las incidencias, que se concentran en las otras vías, se deba a una falta de patrullaje de los mossos. No miramos para otro lado. Nuestra prioridad es garantizar el servicio y la mínima afectación a la ciudadanía”, ha remarcado el director del cuerpo policial.
Patrícia Plaja, portavoz del Govern, también ha criticado el traspaso de responsabilidades que hacen desde el Ministerio y ha señalado que, la falta de inversión en las infraestructuras, tiene consecuencias. “Resolver cualquier incidencia en los trenes se convierte en una odisea por las desinversiones. Hay que encontrar soluciones para garantizar el servicio de uno de los principales medios de transporte público de Cataluña antes que responsabilizar a la policía. Algo que no había sucedido nunca”, ha explicado la portavoz tras el Consell Executiu, donde ha incidido en que “se han dejado de hacer mejoras” en el servicio ferroviario por “la dejadez” en las inversiones del Gobierno español.
El servicio de Rodalies ha amanecido con nuevos cortes en la circulación de los trenes R13, R14 y R3. En las dos primeras, por otro robo de cobre entre las estaciones de Les Borges Blanques (Lleida) y y la ciudad de Lleida, aunque el servicio fue restablecido sobre las 8.30 horas. En la red R3, Protecció Civil ha activado el Ferrocat entre las estaciones de Ripoll (Girona) y Vic (Barcelona) tras detectarse a las 11 horas una incidencia técnica que ha provocado más retrasos.
La circulación de trenes en la R3, R4 Nord, R4 Sud, R7 y R12 Rodalies sigue sufriendo afectaciones derivadas del robo de cobre producido este domingo. El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat en funciones, Marc Sanglas, culpó de la incidencia en Rodalies a la falta de inversión del Gobierno en Cataluña y descartó un posible sabotaje intencionado. El servicio no está todavía recuperado y no se solventará completamente el destrozo hasta dentro de dos meses. Transportes considera que 1,2 millones de viajes se verán afectados hasta la reparación definitiva y el coste para las dos empresas públicas afectadas por la interrupción del servicio alcanzará los 15 millones de euros.
Por su parte, el Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio por la grave avería que afecta a la mayoría de la red desde el domingo, porque considera que “Renfe no garantiza el derecho a la movilidad de centenares de miles de personas”, considera de “injustificados” los perjuicios económicos y emocionales que a su juicio provocó la incidencia y ha reclamado medidas para revertir la situación. Asimismo, el organismo ha preguntado al Departamento de Territorio por las “medidas previstas para garantizar los derechos” de los usuarios en cuanto a la información y la calidad del servicio, y también por los servicios alternativos de transporte que habilitarán.
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