Jerez pide aplazar su deuda para acogerse a un nuevo crédito del ICO

El Ayuntamiento de Jerez ha solicitado por escrito al Ministerio de Hacienda un aplazamiento del pago de su deuda. De esta concesión depende que pueda acogerse a un nuevo plan de pago a proveedores que le permita liquidar facturas impagadas hasta el 31 de mayo de 2013 por valor de unos 100 millones de euros.

Jerez pretende beneficiarse de un nuevo préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sin cumplir la devolución de uno sólo de los vencimientos del crédito anterior, firmado hace un año, y eso supone saltarse uno de los requisitos aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros. De hecho, el Gobierno obliga por Real Decreto a los Ayuntamientos que aprueben un nuevo plan de pago a acreedores a estar al día con los bancos que financiaron el primer préstamo.

Para salvar este escollo, el gobierno jerezano, encabezado por la alcaldesa María José García Pelayo (PP), ha remitido este lunes una carta a Hacienda en la que solicita un aplazamiento del pago de una deuda que ya alcanza los 17,5 millones de euros. Este monto es la suma del impago de los cuatro primeros vencimientos trimestrales del primer plan de pago a proveedores. Desde que la Administración jerezana firmó en mayo de 2012 el primer crédito del ICO, no ha abonado ninguna de las cuatro cuotas de 4,4 millones de euros a las 11 entidades que le financiaron.

El Consistorio acumula una deuda de unos 1.000 millones de euros

Hacienda anunciará antes del miércoles el listado de los Ayuntamientos que pueden acogerse al nuevo plan de pagos a proveedores y desde al gobierno municipal, con cautelas, esperan una respuesta afirmativa. El propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció en abril en Jerez que el Ayuntamiento, con una deuda de 1.000 millones de euros, podría beneficiarse en el segundo semestre del año de un segundo crédito del ICO y ya entonces el Consistorio no había devuelto ni un céntimo del préstamo de 330 millones de euros que avaló Hacienda para que abonara 13.000 facturas impagadas a medio millar de proveedores hasta finales de 2011.

No es la única ayuda extraordinaria a la que aspira Jerez. El Ayuntamiento negocia desde hace meses con el ministro Cristóbal Montoro la refinanciación del 80% de la deuda bancaria por valor de 111 millones de euros y el desbloqueo del 75% de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) con el fin de percibir 2,7 millones de euros mensuales, retenidos desde 2011 por deudas con Hacienda y Seguridad Social de unos 130 millones de euros. Las medidas ya están anunciadas y comprometidas, pero el rescate tiene condiciones que el gobierno local estudia ahora con lupa.

Jerez estará en el listado de las Administraciones locales intervenidas y eso supondrá añadir sacrificios a la ciudad, que se enfrenta a más recortes en el gasto de personal y de servicios públicos, además de posibles subidas de impuestos. El gobierno prefiere, de momento, no avanzar más ajustes en un Ayuntamiento que ya ejecuta un severo plan que desde 2012 ha supuesto un ERE en para 260 empleados municipales, una bajada salarial media para la plantilla del 11,5%, la reducción en un 20% de la inversión en la práctica totalidad de los servicios públicos, la privatización de la gestión del agua y, desde el próximo agosto, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la televisión municipal, Onda Jerez, para la toda la plantilla durante un año en periodos de rotación de seis meses.

El equipo de Pelayo aguarda hasta el miércoles para conocer el previsible beneplácito de Hacienda para firmar un nuevo préstamo bancario que le permita pagar a sus proveedores. Cada crédito debe ser devuelto en un plazo de 10 años, al 5,9% de interés con dos de carencia y esto lastra aún más la economía municipal. Según los cálculos del PSOE, desde 2015, una vez finalizado los periodos de carencia de los créditos ICO y de la refinanciación de la deuda bancaria, Jerez deberá dedicar el 100% de sus ingresos vía impuestos a la devolución de todos los préstamos. “¿Con qué dinero se van a pagar las nóminas y los servicios públicos?”, preguntan los socialistas.