Solo el 10% de cuidadores de enfermos cotiza desde que Rajoy dejó de pagar
“¿Con 107 euros de ayuda he de pagar una cuota de 165?”, pregunta una afectada
![Tean Viciach, sentada, y Sonia Fernández, en una plaza de Castelllón.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TM5AJEXAKFMED3PAPNJ54JDYEI.jpg?auth=7f1525907903bd02515c8fe8116d9eeb5a08129b8d7b996b8b223438d60d6e2c&width=414)
María (que pide no dar su nombre real) es madre de dos niños autistas de 14 y cinco años. Está separada y no tiene más ingresos que los 300 euros que percibe por cuidar de su hijo mayor. Le reconocieron la ayuda también al menor, pero nunca ha llegado a cobrarla. Admite que en esta situación le es imposible trabajar y que vivió como “un gran descanso” que el Estado comenzara a pagarle una cotización por ejercer como cuidadora no profesional. En noviembre del pasado año, estos pagos se suprimieron y el Gobierno delegó en los afectados la decisión de seguir pagando sus cotizaciones.
“¿Cómo me voy a pagar las cuotas?”, se pregunta María. Ella y sus dos hijos viven únicamente con los 300 euros que percibe. “Yo no puedo cotizar, lo tengo muy difícil para trabajar, y al quitarte esto [la cotización] me planteo qué futuro me espera”, dice.
El Estado asumía el pago para 15.560 personas; solo 1.658 lo mantienen
Esta castellonense es una de los miles de cuidadores de personas dependientes que han dejado de cotizar en el último medio año, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy ya no paga las cuotas. En la Comunidad Valenciana, el Estado asumía las cuotas de 15.560 personas antes de noviembre de 2012. Desde que el Gobierno del PP decidió acabar con esta aportación, solo 1.658, poco más del 10%, continúan cotizando (801 en Valencia, 655 en Alicante y 202 en Castellón). Los datos proceden de la respuesta que dio el Ejecutivo a finales de abril a una pregunta formulada en el Congreso de los Diputados por los socialistas Ximo Puig, Susana Ros, Carmen Montón y Gabriel Echávarri.
Azahara Ponce, separada, en paro y madre de una niña dependiente, se vio obligada a dejar de trabajar cuando, con 15 meses, su hija sufrió un infarto cerebral. Le otorgaron el grado máximo de dependencia, por el que percibía unos 500 euros. “Ahora se lo han bajado y me dan 107 euros. ¿Y con eso se supone que me tengo que quedar en casa y pagar una cotización de 165?”, se pregunta.
Las cuentas tampoco le salen a Sonia Fernández. En su caso, ha pasado de percibir una ayuda de 337 euros a 218. A ello se suma la obligación de pagar ahora la mitad del coste de los medicamentos de su hijo dependiente. Sonia recuerda que lo supo cuando fue a la farmacia y el boticario le dijo sorprendido que debía pagar el 50%. En su caso, casi 320 euros. “Hay meses que entre nosotras nos tenemos que dejar medicinas porque no nos llega para pagarlas”, asegura.
“Hay meses que nos prestamos medicinas porque no llegamos”
“Me han jubilado a los 40 años”, exclama. Según explica, ve inviable pagar durante años una cuota de la Seguridad Social sin saber qué va a pasar en el futuro. En esta situación, los pocos que asumen el coste lo hacen porque no les quedan muchos años para tener derecho a una pensión mínima.
Este es el caso de Tean Viciach. De los 218 euros que percibe por la Ley de Dependencia destina 165 a las cotizaciones. “Lo estoy pagando porque tengo 46 años y llego a los 65 con los pagos justos”, explica. Aunque en su caso sabe que puede asumirlo porque su marido tiene trabajo.
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