El gran atasco laboral

El Metal está siendo el tubo de ensayo en el que los agentes sociales están jugando sus últimas cartas. Las sucesivas reformas laborales de los Gobiernos del PSOE, pero sobre todo del PP de Mariano Rajoy, le han dado la llave de las negociaciones a la patronal y cuando apenas falta una semana para que decaigan las condiciones de más de 300.000 trabajadores, ni unos ni otros han explicado de verdad hasta donde están dispuestos a llegar para resolver el nudo de la negociación colectiva.

La patronal no está dispuesta a renunciar a lo que le han dado las reformas laborales. “Nos encontramos con la inmovilidad de los sindicatos que nos piden que renunciemos a la ley o no hay acuerdo”, declaró recientemente el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Javier Azpiazu. “Estamos dispuestos a negociar pero no a que nos cambien las reglas de juego”, proclamó.

Si hasta el pasado julio, las condiciones de los convenios permanecían sin mejorar, pero tampoco sin empeorar, en caso de no llegar a acuerdos, a partir del próximo 7-J sí lo pueden hacer. Si hasta el pasado año los sindicatos podían forzar las negociaciones porque en caso de desacuerdo al menos no perdían, —la patronal entendía que eran los sindicatos quienes tenían la llave de la negociación— ahora si no hay acuerdos las condiciones decaen. La reforma laboral les ha dado la llave de las negociaciones —con no llegar a acuerdos, sobre el papel, están en disposición de reducir costes—.

Frente a esa posición patronal, los sindicatos están trasladando que el actual bloqueo de la gran mayoría de los convenios, les puede salir más barato en primera instancia, pero la factura en conflictividad social la van a pagar con creces. Ya se escuchan las primeras voces que aseguran que si tras el siete de julio se produce un movimiento masivo de empeoramiento de las condiciones porque las patronales lo recomiendan a sus asociados, la “huelga general indefinida” estaría más cerca.

La falta de acuerdo puede propiciar un período de conflictividad

Los dos pivotes sobre los que se centran todas las negociaciones son la ultraactividad y el arbitraje obligatorio. Dos aspectos de la reforma laboral que cambian el eje de las negociaciones colectivas y le dan a la patronal el bastón de mando.

La Federación del Metal de UGT reprochó esta pasada semana a la patronal vizcaína su falta de interés por mantener el convenio sectorial en Bizkaia, proponiendo recortes y pérdidas de derechos para más de 50.000 trabajadores siderometalúrgicos vizcaínos.

La patronal del metal (FVEM) respondió a la propuesta de los tres sindicatos con una contrapropuesta que se basa en ampliar un año la ultraactividad, de doce a 24 meses pero a cambio de congelación salarial y recortes en derechos, además de mantener el arbitraje obligatorio como una espita a la que recurrir en caso de que la negociación se quede bloqueada.

“No creemos que se vaya a dar un proceso masivo de pérdida de condiciones”, asegura la número dos de CC OO, Mari Cruz Vicente, “aunque tememos que en las empresas que tengan más dificultades se puedan acoger a esa posibilidad. Los nuevos contratos que se hagan seguro que tienen como referencia el convenio más barato” estima.

UGT criticó que “la patronal vizcaína pierde la oportunidad de alcanzar un acuerdo con los tres sindicatos que representamos al 60% de los trabajadores vizcaínos del sector”. Efectivamente, por vez primera desde el fracasado primer intento de cerrar un acuerdo interprofesional, CC OO, LAB y UGT han consolidado su aproximación en torno a un modelo sindical de defensa de los convenios sectoriales, y entre los tres le dan estabilidad a cualquier solución a la que lleguen con las patronales, al conformar esa nueva mayoría sindical enfrentada a esos dos conceptos de fin de ultraactividad y arbitraje obligatorio.

Este segundo asunto es al que obliga la reforma y que establece un arbitraje obligatorio a las partes en caso de que no se lleguen a acuerdos en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito de la empresa si hay descuelgues, y para resolver los problemas derivados de la negociación como flexibilidad interna, horario o incluso salarios empresas. Pero incluso después de pactado un nuevo marco, las compañías que se rijan por convenios provinciales, más del 70%, podrán abrir un convenio de empresa en cualquier momento, con condiciones a la baja. Es decir, flexibilidad total interna y externa y adaptabilidad máxima al contexto económico.

De momento, el talón de Aquiles del arbitraje obligatorio está en la comisión encargada de ello y que tiene que formalizar el Gobierno vasco.

El consejero de Empleo del Ejecutivo de Vitoria, Juan María Aburto, depositó recientemente una propuesta de actuación en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para dejar ese ámbito en Euskadi.