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Garitano desdeñó el criterio de Hacienda para ayudar a una ‘ikastola’ francesa

La Intervención foral le advirtió de que la subvención no estaba justificada

Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa.
Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa.

El Gobierno foral de Bildu acordó el pasado 23 de abril la concesión “de manera directa” de una subvención de 600.000 euros a la ikastola Xalbador de Cambo-les-Bains, en el País Vasco francés, a sabiendas de que el Servicio de Intervención y Auditoría de la Hacienda foral había informado previamente de que la ayuda no estaba justificada. El consejo de diputados, a propuesta del diputado general, Martin Garitano, aprobó otorgar 200.000 euros anuales hasta 2015 “para la financiación de las obras de reestructuración y ampliación” del citado centro educativo, presupuestadas en 2,65 millones.

Un día antes de consumarse el acuerdo, el Servicio de Intervención y Auditoría entregó al Gabinete de Garitano un “informe de fiscalización” contrario a las razones aducidas para dar la subvención. El documento, al que ha tenido acceso este diario, determina que “los motivos expuestos no justifican por sí solos la concesión de una subvención directa”. Los interventores y auditores de la Hacienda foral añaden en su escrito que “además de acreditar las razones de interés público social, económico o humanitario, también hay que acreditar las razones que dificulten su convocatoria pública”.

En la exposición de motivos para ayudar a la ikastola vascofrancesa, la Diputación señala que el centro acoge a 200 estudiantes de 11 a 14 años y tiene como misión “ofrecer la posibilidad a los escolares de la Enseñanza Secundaria de cursas sus estudios en lengua vasca, una opción que no garantiza ni ofrece el sistema de enseñanza público del Estado francés”, según consta en el acuerdo del consejo de diputados.

La Diputación guipuzcoana expresa su deseo de “colaborar” en la financiación de las obras de mejora del colegio mediante la citada ayuda directa “por entender que se dan las razones de interés público” que establece la normativa foral sobre subvenciones. Además, hace constar que los 600.000 euros no constituyen ayuda estatal y, por lo tanto, “queda excluida del procedimiento de notificación” a las autoridades europeas.

Los auditores de Hacienda dicen que no se acreditó el interés público de los 600.000 euros

A la vista de estos argumentos, Intervención y Auditoría lanza una advertencia: Si se quiere fomentar el fortalecimiento de la enseñanza del euskera y en euskera, “no queda acreditado en la documentación remitida que existan razones que imposibiliten o dificulten promover la concurrencia pública”.

Además, el informe fiscalizador sostiene que “la justificación del gasto de la subvención no se ajusta” al decreto foral de 2008 que regula las subvenciones en Gipuzkoa. Los interventores aseguran que los 600.000 euros se otorgan sin aportar “una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones” de la subvención, ni se acompaña de “la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas” por el centro educativo.

Esta subvención, muy criticada en su día por el PSE-EE y el PP, fue recurrida ante los tribunales por el Abogado del Estado a instancias del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo. La demanda fue admitida a trámite el pasado 24 de mayo y está a la espera de la resolución judicial, según informó la Delegación del Gobierno.

La Diputación guipuzcoana también acordó en enero de 2012 dar 24.000 euros a una ikastola de Lodosa para paliar su “grave situación” económica.