La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’

La causa penal abierta por el saqueo de la depuradora de Pinedo, la sociedad pública Emarsa a la que sus responsables cargaron toda clase de excesos hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, saltó ayer a la Audiencia Nacional. El juez Vicente Ríos, que instruye el caso, decidió remitir una de las piezas separadas a los juzgados centrales. Se trata de uno de los tres delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos que la fiscal había solicitado que fueran enviados a la Audiencia.

Los hechos investigados afectan a Jorge Ignacio Roca, uno de los personajes investigados más pintorescos en un caso en el que no escasean, que se encuentra huido de la justicia desde hace un año y medio. El juez calculó en el auto conocido ayer que Roca se embolsó hasta 10 millones de euros entre 2004 y 2010 de la depuradora mediante uno de los sistemas más habituales en la causa: facturar por nada. Las empresas de Roca, según la investigación, eran contratadas para encargarse del tratamiento de los lodos de la depuradora y cobraban por ello 42 euros por tonelada. Tales firmas, con nombres y sedes sociales de por sí llamativos, no hacían nada más que subcontratar los trabajos a otra empresa que los realizaba por 18 euros la tonelada.

El enorme sobrecoste sirvió, según han reconocido varios imputados en la causa, para repartir suculentas comisiones entre responsables de la planta, de su propietaria (la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y del organismo de la Generalitat encargado del saneamiento de aguas (Epsar).

La pieza separada enviada a la Audiencia Nacional incluye también como imputada a la mujer de Roca, María Águila Aladrén, que es la única entre la treintena de imputados en el caso que está en prisión preventiva por riesgo de fuga. Uno de los argumentos señalados por el juez para recurrir a la Audiencia es que el supuesto blanqueo se habría efectuado en Francia, gracias a la supuesta colaboración de Aladrén.

La esposa de Roca constituyó allí una sociedad, llamada Lot Monopoly que según el juez tenía la “finalidad de recibir en sus cuentas el dinero que le era transferido desde las entidades administradas por Roca Samper y que él mismo había obtenido” mediante el fraude de Emarsa.

Aladrén admitió ante el juez haber efectuado transferencias desde la empresa francesa a otras ubicadas en Malta, país con un pobre historial de colaboración en delitos fiscales. La colaboración de Aladrén en el delito de blanqueo habría continuado después de abrirse la causa penal y de que fuera imposible para la policía localizar a su marido. La mujer explicó que Roca le envió un teléfono móvil por correo desde el que le trasladó las instrucciones para vender los bienes comprados en Francia con la empresa Lot Monopoly y enviar el dinero obtenido a distintas cuentas bancarias. Aladrén admitió haberlo llevado a cabo.

La pista del dinero condujo finalmente a transferencias realizadas desde una empresa de Roca domiciliada en Malta a personas de nacionalidad china. El magistrado llega a la conclusión de que, aunque el monumental fraude del que se acusa al empresario fue cometido en España, el proceso de blanquear el dinero obtenido con él tuvo lugar fuera de España, considerando en línea con el ministerio público que el órgano adecuado para investigarlo es la Audiencia Nacional.