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Mas comunicará por carta a Rajoy la celebración de la consulta soberanista

El líder de CiU tramitará la misiva para contentar a sus socios de ERC

La reunión del Pacto por el Derecho a Decidir concluye con el encargo de un manifiesto

El Gobierno catalán no tiene intención de negociar la consulta soberanista con Mariano Rajoy, pero sí quiere visualizar que ha pedido permiso al Ejecutivo central para poderla convocar y rentabilizar luego que se le ha denegado. Artur Mas, comunicará en los próximos días por carta al presidente del Gobierno español su voluntad de convocar a los catalanes para que se pronuncien sobre su futuro político y las cinco vías legales que la Generalitat considera que pueden aplicarse.

Este es el compromiso que marcó ayer Mas en la reunión que mantuvo con los partidos que defienden el derecho a decidir (CiU, ERC, Iniciativa-Esquerra Unida y la CUP) y 40 asociaciones, sindicatos y entidades favorables a la consulta.

A la reunión no asistieron por distintas razones el PSC, PP y Ciutadans (C's). Los socialistas defienden la consulta pero creen que la reunión de ayer presupone que el resultado final del proceso será la independencia. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho calificó el encuentro de “montaje” y el diputado Albert Rivera (C's) de “enésima performance separatista”.

Del encuentro, que la Generalitat bautizó de manera simbólica como Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, saldrá un documento de consenso que redactará en las próximas semanas un expresidente del Parlament: el democristiano Joan Rigol.

Mas enviará la carta a Rajoy en los próximos días, pero no está previsto ningún encuentro entre ambos líderes para negociar la celebración de la consulta, según aclaró el consejero de Presidencia, Francesc Homs. El Gobierno catalán cree que ya ha discutido la celebración de la votación con Rajoy, pero ha accedido a hacer una petición formal por carta para contentar a las entidades y especialmente a su socio, Esquerra Republicana.

En la estrategia del proceso soberanista la negativa del Gobierno español es fundamental para legitimar la convocatoria de una consulta que no contará con el permiso del Estado. Por ello ERC ha presionado los últimos días al Gobierno catalán para que comunique formalmente a Rajoy la voluntad de que los catanes se pronuncien sobre su futuro y emplear una negativa por escrito como argumento para iniciar acciones unilaterales. “Hay que hacer las cosas bien y mantener la voluntad de diálogo”, enfatizó ayer Homs.

El Gobierno catalán tiene estudiadas cinco vías legales para celebrar la consulta. Están recogidas en un informe que presentó en febrero el Instituto de Estudios Autonómicos que preside Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y que la casualidad quiso que detallara ayer en una comisión parlamentaria poco antes de la cumbre soberanista convocada por Artur Mas.

La Generalitat usará la posible negativa de la Administración central para justificar una votación no pactada

Lo más destacado de su comparecencia no fueron, sin embargo, las explicaciones legales, sino su advertencia de que el encaje de Cataluña en la Constitución es “imposible” y de los riesgos de “usar el derecho para frenar” las reivindicaciones políticas de Cataluña. “Si esto sucede, las vías legales quedarán bloqueadas y se abrirán otras en las que el Derecho tendrá poca cosa que decir”, advirtió el constitucionalista en referencia a una posible declaración unilateral de independencia. “Los mecanismos de democracia directa no son cuerpos extraños, sino mecanismos necesarios que se están reforzando en todos los países”, dijo Viver Pi-Sunyer, que actualmente preside también el Consejo para la Transición Nacional creado por Mas.

Las cinco vías legales para celebrar la consulta plantean “problemas jurídicos”, admitió, aunque también apostilló que son “superables” si existe voluntad política y se hace una interpretación amplia de las normas y un “respeto escrupuloso al Estado de Derecho”.

La primera vía y más simple es que el Gobierno autorice la celebración de un referéndum al amparo del artículo 92 de la Constitución. La consulta podría celebrarse solo en Cataluña si no existiera una visión restrictiva del Ejecutivo en intepretar ese precepto, dijo Pi-Sunyer. Otro camino sería delegar la competencia de la convocatoria en la Generalitat al amparo del artículo 150.2, siguiendo la vía que se ha aplicado en Quebec y la de Escocia. Para ello sería necesario que la Generalitat lo reclamara “de forma solemne y con el mayor apoyo social y político posible”, afirmó.

La ley de consultas no refrendarias que aprobó el tripartito en el año 2010 y que sigue vigente pese al recurso en el Constitucional sería una tercera vía, muy similar a la que emana de otra ley que tramita ya el Parlament. Y finalmente, apostilló el jurista, quedaría la reforma de la Constitución: “En un fin de semana, si PP y PSOE se ponen de acuerdo, como ya ocurrió el verano pasado”.

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