El proyecto de crear un grupo lácteo gallego fracasa de nuevo

Sobre las ruinas de la factoría de Leche Pascual en Lugo aspiraba a asentar la Xunta junto a un puñado de cooperativas ganaderas —capitaneadas por dirigentes afines al PP— los cimientos del ansiado grupo lácteo gallego, una vieja reivindicación del sector, ansioso por dejar de surtir de marcas blancas a las grandes superficies comerciales y pasar a vender por fin productos con valor añadido. El negocio, según se encargó de recordar el Gobierno gallego hace tres años, era redondo: se evitaba el cierre de la fábrica que Pascual tenía en Outeiro de Rei (Lugo) y el despido de la mitad de sus 155 trabajadores. De paso, el PP daba cumplimiento a una repetida promesa electoral: el grupo gallego de transformación que permitiera a las granjas competir en el mercado con algo más que precios bajos.

 Había otras opciones sobre la mesa pero la Consellería de Medio Rural (que entonces presidía Samuel Juárez, actual delegado del Gobierno) se decantó por el grupo de cooperativas que mejores relaciones tenían con el PP. De las 11 que entraron, las dos más fuertes tenían al frente a viejos conocidos del partido: La Arzuana la manejaba el teniente de alcalde de Touro, Eugenio Montero; a la cabeza de las de Gancobre y Perpetuo Socorro estaba Arcadio López, con el mismo cargo en el Ayuntamiento de A Pastoriza. Ambos dirigentes coparon los asientos clave en el Consejo de Administración de la nueva empresa, Alimentos Lácteos, que nació con una inyección de capital de 2,5 millones de euros, a través de un préstamo participativo del instituto de crédito XesGalicia. Las notas de prensa de la Xunta apuntaban entonces a “un plan de negocio documentado, equilibrado y viable”.

Las máquinas volvieron a ponerse en marcha en una factoría con capacidad para producir 240 millones de litros de leche al año. La nueva sociedad sacó al mercado dos marcas comerciales (Deleteite Galego para el mercado autonómico y Muu, a comercializar en el resto del Estado). Y 81 exempleados de Pascual, que cedió las instalaciones en régimen de arrendamiento, seguían en el tajo. De los 800.000 euros con los que contó al nacer la sociedad en enero de 2010, el 52% estaba en manos de las dos grandes cooperativas: Arzuana y Gancobre. Otras nueve completaban el accionariado aunque formalmente Alimentos Lácteos siempre mantuvo las puertas abiertas a nuevos socios puesto que nunca manejó la cantidad suficiente de materia prima para hacer rentable la factoría.

Durante los primeros meses de vida garantizó al menos unos precios razonables a los productores, algo por encima de lo que entregaban los fabricantes de marcas blancas. Las encuestas de consumo certificaban que la leche gustaba a quienes la compraban los supermercados. Deleite se hizo un hueco en las estanterías gallegas y Muu respondía bien en otras comunidades, especialmente Andalucía. A fin de cuentas, la factoría y los trabajadores los habían heredado de Pascual, uno de los referentes en el sector, ahora también en horas bajas. El experimento se mantuvo a costa de ir incrementando mes a mes a los números rojos, porque Alimentos Lácteos nunca llegó a cubrir la producción que rentabilizase los costes. Lo que obligó a planificar sucesivas ampliaciones de capital durante los últimos años.

En otoño de 2011 los socios tuvieron que aportar hasta 2,3 millones de euros, Arzuana y Gancobre rebajaron su peso en el accionariado hasta el 50,9%, pero sus presidentes siguieron copando los puestos relevantes en el gobierno de Alimentos Lácteos. La situación no mejoró, y el listado de acreedores siguió estirándose casi al mismo tiempo que los tetrabricks de Deleite y Muu ganaban fama en los hipermercados. El pasado agosto, en una rocambolesca operación para salir del atolladero, los gestores de la sociedad —asfixiada por las deudas— planificaron una nueva ampliación de capital de 1,6 millones de euros hasta completar cuatro millones. La peculiar fórmula elegida por el consejo de administración fue pedir a los pequeños ganaderos (la mayoría sin liquidez para afrontar semejante inversión) que entregasen leche a la fábrica, a cambio de una especie de participaciones en la sociedad. En función de los litros aportados, las granjas recibieron unos títulos —que en el sector ya se conocen como “las preferentes de los ganaderos”— y que van camino de convertirse en un problema más para Alimentos Lácteos.

El pasado otoño, la situación ya era agónica para la compañía, los pagos a los productores acumulaban retrasos y algunas granjas habían dejado de surtir a Alimentos Lácteos. Pero en las semanas previas a las elecciones autonómicas de octubre, según testigos de las diferentes cooperativas, la Xunta garantizó —a través de un representante de Xes Galicia— a los ganaderos que invertiría cuatro millones en reflotar la compañía. Como señal, el Gobierno gallego hizo una primera entrega de 500.000 euros. Pero, según señalan los mismos testigos, al día siguiente de la reválida de Feijóo, la Xunta se echó atrás y dejó de aportar más fondos. A finales de enero, la empresa decidió por fin solicitar el preconcurso de acreedores. El plan de viabilidad para afianzar las dos marcas comerciales, que, pese a su juventud, ya habían ganado reputación en los lineales de los supermercados, no acabó de fraguar en medio de un sinfín de reuniones a múltiples bandas entre las cooperativas, la Xunta y Pascual.

Los 81 empleados empezaron a sufrir retrasos en las nóminas y dejaron de cobrar una paga extra. Cualquier plan de negocio evidencia la necesidad de incrementar la producción, y el Gobierno gallego, visto el fracaso de su experimento, empezó a sondear posibles socios comerciales. Quienes conocen desde dentro la negociación apuntan que a Pascual solo le faltó estampar la firma y que incluso sus directivos aterrizaron en Santiago con el compromiso de aportar tres millones de euros si el Gobierno gallego ponía una cantidad similar en el proyecto. Los sindicatos del campo, Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y el Sindicato Labrego Galego avalaban esa fórmula, igual que los trabajadores. Pero la operación se frustró en el último segundo porque la Xunta pidió más tiempo.

El pasado 16 de marzo, Alimentos Lácteos decretó un ERE de suspensión de contratos para toda su plantilla que debe durar hasta final de año, a la espera de una solución definitiva. La lista de acreedores supera el centenar y en ella figuran junto a los propios empleados, bancos, la propia Xunta y casi un millar de ganaderos. En total, 12 millones de deuda. Tanto el conselleiro de Industria, Francisco Conde, como la de Mar, Rosa Quintana, repiten que el Gobierno gallego sigue buscando una salida. El vicepresidente, Alfonso Rueda, garantizó a los trabajadores que “por la Xunta no va a quedar”. Pero los días corren, el socio industrial no aparece y la ruina de Alimentos Lácteos podría abocarla a su liquidación. Entre sus principales activos, están las dos marcas comerciales que apetecen mucho a los competidores, pero que pierden valor cada día que pasan sin estar en las estanterías. Y la factoría hace dos meses que no produce. Hay quien sospecha que será una empresa rival la que puje por las marcas y se olvide de la fábrica de Lugo.

Entretanto, la oposición en pleno registra iniciativas parlamentarias para criticar el “despropósito”. Censuran que la Xunta haya optado desde el principio “por sus amigos” en lugar de apostar por un grupo de 23 cooperativas que también estaban interesadas en hacerse con la fábrica de Pascual y que hace tres años ya sumaban una producción mayor que las que finalmente se integraron en Alimentos Lácteos. Y sobre todo PSOE, BNG y AGE preguntan qué ha sido de los más de siete millones de dinero público que se han perdido en el camino.