El Estado sostiene que Rodríguez de Castro sustrajo 800.000 euros

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, sostiene que es un hombre en paro, arruinado y que ha tenido que volver a casa de sus padres ante su falta de liquidez. Pero ese retrato de hombre perjudicado por las denuncias que pesan sobre él no concuerdan con la información facilitada este jueves por el abogado del Estado José Aurelio Ruiz. Según su versión, entre 2002 y 2003, Rodríguez de Castro recibió en cuentas personales o de empresas a su nombre más de 800.000 euros que, según sus sospechas, proceden de los fondos públicos concedidos al portal de comercio electrónico Rilco. El juicio por esta causa quedará este viernes visto para sentencia.

Los datos aportados por Ruiz fueron la principal novedad de la penúltima sesión del juicio en el que se investiga la presunta malversación cometida en la Zona Franca de Cádiz por los dos exdelegados del PP para desviar dinero público mediante la adjudicación a una empresa de Miami, Miami Free Zone, el contrato millonario de creación de Rilco, un portal de comercio electrónico con América. El abogado del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca, señala que cuando Rodríguez de Castro ya estaba fuera del Consorcio, tras dimitir en 2001 en medio de numerosos escándalos, recibió a cuentas a su nombre o de empresas en las que era administrador único varias partidas. Procedían de varias sociedades de Panamá. Una de ellas, Duater Corporation, fue una de las que subcontrató Miami Free Zone para desarrollar un portal en blanco de comercio electrónico.

El juicio por el desfalco de la empresa Rilco acaba el viernes

Según sus datos, los ingresos arrancaron en 2002 con diferentes partidas de 174.000, 219.000, 210.000 y 230.000 euros. Las últimas, en 2003. Es decir, 833.000 euros. Al menos una de esas partidas fueron a parar a la compañía Iberian Reits, cuyo administrador era Rodríguez de Castro, según un informe de la Agencia Tributaria. “Duater tenía como administradores a la mismas personas que manejaban hasta mil denominaciones sociales. Se dedicaban a emitir facturas y poco más”. El abogado del Estado cree que este pudo ser uno de los destinos de la millonaria inversión dedicada a Rilco, ya que Miami Free Zone, según se ha demostrado en el juicio, apenas realizó actividad alguna con este portal, ya que sus principales funciones fueron después desarrolladas por la empresa Telvent.

En sus conclusiones finales, la triple acusación que ejercen Fiscalía, Abogacía del Estado y PSOE ya no abordan si Rilco funcionó o no, como sí sostenían al inicio del junio, sino que insisten en la irregularidad que supuso adjudicar un servicio a una empresa, Miami Free Zone, sin experiencia tecnológica o aduanera. Es la queja del abogado de Miguel Osuna, Felipe Meléndez. “Los peritos dejaron muy claro que Rilco funcionaba y valía lo que costó. Si ahora se busca otra responsabilidad es otra cosa. Pero lo que se decía al principio ya no se puede decir”.

Rodríguez de Castro, cuyo abogado presentará sus conclusiones este viernes, dijo antes de conocer estos nuevos datos que las denuncias por Rilco le han arruinado la vida. De hecho, reveló que el letrado que le representa es su propio primo, al no tener dinero para pagar otro abogado. “Por voluntades políticas desafortunadas del PSOE, el proyecto se destruyó en un cajón. Y si eso es malo, peor es ponerle una querella a gente inocente y mantener una persecución de 13 años, sin apoyo, en soledad, pero con la conciencia tranquila”.

La sesión de hoy se había iniciado como se esperaba, con un acusado menos, al que el presidente de la sala ha permitido marcharse del juicio. El exdirector de Rilco, José David Sánchez, se reserva el derecho de pedir daños y perjuicios por haber estado cinco años imputado, sentarse en el banquillo y retirársele todos los cargos en el penúltimo día de la vista oral. La triple acusación cree que sus explicaciones han bastado para demostrar que no tuvo responsabilidad alguna en la malversación a pesar de pedirle inicialmente hasta seis años de prisión.