Un juez de Cádiz imputa a dos ex delegados de la Zona Franca

El caso Rilco, una de las investigaciones abiertas en torno a la supuesta corrupción en la Zona Franca de Cádiz durante la etapa de gestión del PP, comienza a despejarse. El Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz ha emitido un auto, adelantado ayer por Diario de Cádiz, en el que imputa a Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ex delegados del PP en este organismo, además de a otras cuatro personas, por prevaricación, fraude, exacciones ilegales, malversación y delito societario, falsedad documental, y omisión del deber de perseguir delitos.

Según el documento, la creación de Rilco -un portal de comercio electrónico destinado a promocionar la Zona Franca- fue una estrategia de Rodríguez de Castro para enriquecerse con dinero público. Actuó, dice el auto, "guiado por el ánimo de lucro" y "consciente de las dificultades que tenía en la continuidad del ejercicio de su cargo". El juez acusa a Osuna, su sucesor y ex delegado del Gobierno con el PP, de no actuar ante la sospecha de que este negocio era un fraude.

La investigación del 'caso Rilco' acusa a Miguel Osuna de ignorar el fraude

En la trama participaron también, según el documento, los empresarios americanos Germán y Carmen Leiva. Este matrimonio, "concertado con el señor Rodríguez, creo una sociedad ad hoc", Miami Free Zone Services, para hacerse con la adjudicación del desarrollo del portal informático. Según la investigación, la Zona Franca acabó pagando por Rilco 6,7 millones de euros. El valor del trabajo de Miami Free Zone nunca superaría los 530.000 euros.

El informe que determinó su elección lo elaboraron tres becarios que "no habían oído nunca el nombre de la empresa". Quien "orientó y dirigió" su trabajo, junto a Manuel Rodríguez de Castro, fue José David Sánchez, entonces jefe del servicio de informática del Consorcio de la Zona Franca y también imputado. La empresa se llevó el contrato por 4,2 millones de euros en diciembre de 2000. Dos meses después, sin que la firma hubiera ejecutado ningún trabajo, el ex delegado ordenó el pago de 1,4 millones.

El último imputado es Rafael Ortiz, descrito por el juez como "amigo personal" de Rodríguez de Castro y "persona que carecía de experiencia en el campo de las tecnologías". El entonces delegado de la Zona Franca lo nombró director de Rilco un mes antes de dejar su cargo.

El Ayuntamiento de Cádiz -cuya alcaldesa, Teófila Martínez (PP), preside el Consorcio de la Zona Franca- mostró ayer en un comunicado su "sorpresa" por el auto. El gobierno local defiende la inocencia de Osuna, del que dice que ha demostrado ser "un magnífico gestor" y que goza de la confianza de la alcaldesa y del PP. Resta importancia a las imputaciones porque, según el comunicado "el auto es lo que el juez de instrucción estima. "Las acusaciones", aventura, "no tienen ningún fundamento y quedará perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio". Menos condescendiente se muestra con Rodríguez de Castro: "Si quedan probados los hechos, deberá responder ante la justicia".