Cinco detenidos por irregularidades en el reparto de alimentos en una ONG

La Policía Nacional ha imputado al presidente de una ONG de Castellón en una operación en la que ha detenido a cinco colaboradores acusados de entregar alimentos de forma irregular, según ha informado la comisaría provincial en un comunicado. Según han concretado otras fuentes, el principal sospechoso sería Germán Hernández, presidente de Colombia nos Une y funcionario en el Ayuntamiento de Castellón. Hernández, aseguran las fuentes, trabaja en la Agencia Amics de Castelló, una red de oficinas que impulsó el exconsejero y diputado autonómico popular Rafael Blasco, para quien la Generalitat pide 11 años de cárcel por el desvío de fondos de cooperación.

Hernández también fue acusado por los socialistas de participar en el reclutamiento de inmigrantes para que acudiesen, a cambio de promesas de trabajo, a un mitin del PP en las elecciones de europeas de 2009 celebrado en Valencia, cuyo cabeza de cartel era el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La fiscalía archivó la denuncia del PSPV-PSOE por falta de evidencias.

La denuncia original la hizo el Centro Integral de Inmigrantes de Castellón, que aseguró que decenas de extranjeros cumplieron su parte yendo al mitin pero los puestos de trabajo nunca llegaron. Blasco coordinó aquella campaña del PP en la Comunidad Valenciana y era consejero del área de Inmigración.

La investigación policial que ha llevado ahora a los arrestos arrancó a finales de mayo, tras las quejas de varias personas receptoras de alimentos ante el órgano de control del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Castellón, en las que avisaban de que en una ONG de Castellón les entregaban alimentos de forma irregular.

A los receptores de alimentos presuntamente les hacían firmar las notas de entrega en blanco, es decir, no figuraba lo que los usuarios recibían, bajo la amenaza de no recibir más comida si no lo hacían. Ante estas quejas, los agentes de la Policía Nacional y funcionarios del órgano de control administrativo para la entrega de alimentos realizaron una primera inspección a la asociación, donde intervinieron documentación y realizaron un inventario de alimentos.

Así, observaron que había una diferencia entre los datos que figuran en las fichas de almacén y los de las notas de entrega, las cuales deberían de reflejar las cantidades exactas de lo entregado a los usuarios finales.

Ante las diferencias contrastadas, posteriormente los policías realizaron un nuevo control sorpresa. Esta vez, además de intervenir actas en la asociación, se controlaron los alimentos entregados a los usuarios y las notas de entrega, donde se observaron "claras irregularidades".

Así, en la mayoría de los casos, las notas de entrega reflejaban más alimentos que los que realmente el receptor había recibido. Los agentes detectaron que, tras la primera inspección, se estarían manipulando las notas para intentar cuadrar el desfase entre estas y el almacén, poniendo en los albaranes alimentos de los que no disponía la ONG. El reparto de alimentos entre personas necesitadas se hacía además, según la investigación policial, de forma "arbitraria".

En ocasiones, según la Policía, cuando los usuarios a los que se les restringía el acceso a los alimentos se quejaban, llegaron a entregarles productos con el número de expediente de otra unidad familiar.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la imputación del presidente de la asociación, un hombre de nacionalidad colombiana de 46 años, como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental, y, posteriormente a la detención de cinco de sus colaboradores, tres mujeres y dos hombres, como presuntos autores de los mismos delitos.

Además, al responsable de la ONG también se le imputan unas amenazas vertidas sobre una de las mujeres que denuncio los hechos tras supuestamente conocer éste la denuncia interpuesta. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.