'Caso Invercaria'

La expresidenta de Invercaria niega al juez la elaboración de informes falsos

Laura Gómiz alega que nunca ordenó que se inventaran datos en los expedientes

La expresidenta de Invercaria Laura Gómiz saliendo de los juzgados.
La expresidenta de Invercaria Laura Gómiz saliendo de los juzgados.Paco Puentes

La expresidenta de Invercaria Laura Gómez ha rechazado que ordenara realizar informes falsos para justificar inversiones de esta empresa pública de la Junta. Para contrarrestar las acusaciones sobre “informes falsos para justificar inversiones pasadas”, Gómiz ha alegado que solo puso en práctica una nueva aplicación informática para unificar toda la documentación de las diferentes empresas. La expresidenta, acusada de malversación de caudales, tráfico de influencias y falsedad, ha declarado durante siete horas ante el juez.

Gómiz intentó aclarar su papel desde Invercaria en la sociedad Ferias Internacionales y Virtuales de Andalucía (FIVA), protagonista del arranque del caso Invercaria, que analiza las inversiones millonarias de esta empresa dedicada al capital riesgo. Pero sobre todo negó las repetidas acusaciones sobre una imaginación desbordante que supuestamente utilizó para inventar datos. “No elaboré personalmente ninguna documentación con invención de datos de cualquier género o manipulación documental de cualquier género, para justificar documentalmente las participaciones irregulares o no de Invercaria en sociedades participadas”, ha dicho. Además, Gómiz quiso zanjar que no recibió indicaciones para maquillar las operaciones de Invercaria con datos falsos. “Ni lo he hecho ni le he exigido a nadie que lo haga, ni ningún tercero me ha pedido que lo haga”.

Desde hace un año y medio, a Gómiz le persiguen las frases pronunciadas durante las grabaciones ocultas realizadas por el exdirectivo Cristóbal Cantos. Ese invierno Gómiz era presidenta y expresó frases tan desafortunadas como estas: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización (...) Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria”. El resultado de estas grabaciones fue que Gómiz protagonizó algunos episodios de la precampaña a las elecciones autonómicas, por lo que su notoriedad se disparó como centro de las críticas del PP, que la vinculó al descontrol en la empresa pública.

Una de las grabaciones compromete su defensa de no haber realizado informes falsos: “¿Y si no hay nada? Se inventa. Entonces es cuando se inventa. ¿Vale?”. Gómiz ha alegado ante el juez que su función principal consistía en “la organización de la documentación y de los procesos”, pero cuando debía vigilar el cumplimiento de los departamentos bajo su responsabilidad, echó balones fuera: “No tenía por qué vigilar si algún departamento no seguía el procedimiento interno”, adujo.

La expresidenta ha eludido su responsabilidad en FIVA —firma sin página web pese a acoger ferias virtuales— dado que cuando accedió a la presidencia en 2010, el proyecto ya había naufragado. Y alegó que no pudo liquidar FIVA porque los asesores decían que tenía acreedores y antes había que abonar los créditos.

Eso sí, Gómiz ha admitido que FIVA no presentó sus cuentas anuales entre 2008 y 2011. “Es algo muy habitual en el ámbito de las empresas, aunque no sea correcto”, ha admitido. Al no haberse celebrado esos años los consejos de administración, propuso “que tenían que celebrarse y redactar las actas (...) No que se redactaran unas nuevas actas”, añadió. Cuando el juez le inquirió por el fiasco de FIVA, la acusada se acogió a su derecho a no declarar y no dio explicaciones.

Sobre la reorganización planteada a sus subordinados, que algunos de ellos interpretaron como una invitación a la ficción, la expresidenta dijo que existía un problema de gestión documental. Y para solucionar la ubicación en diferentes carpetas, departamentos y soportes, se encargó el programa informático Trewua. “Esto requería la recopilación de la información antigua y grabar los datos en los formularios y los campos de esta herramienta”, ha alegado.

Por otra parte, el juez ha pedido a la Junta que le entregue los expedientes sobre las modificaciones presupuestarias autorizadas cuando el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, estaba al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, informó Abc.

Sobre la firma

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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