Teyco se refugia en Centroamérica para capear la caída de la obra pública

Con la contratación pública en caída libre y las administraciones en sus mayores cotas de morosidad, la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, ha decidido centrar su mirada en Centroamérica. La compañía inició esa aventura en 2009 con su desembarco en Chile y Panamá y ahora prevé extender su red en Haití, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. También está presente en Argelia.

Gracias a los distintos contratos formalizados, Teyco ha logrado frenar el desplome de su cifra de negocio, que en 2009 alcanzó los 115 millones de euros y el año pasado cayó hasta los 82 millones de euros. La aportación del negocio exterior hace prever a la compañía facturar este año 102 millones de euros, con un beneficio de explotación de 6,3 millones de euros.

El consejero delegado de la compañía, Jordi Sumarroca, ha explicado que la constructora ha aprovechado los conocimientos en la construcción de centros escolares y sanitarios que acumuló en Cataluña para entrar ahora en el mercado americano mediante un sistema de módulos prefabricados. “Podíamos hacernos pequeños o ir a otros países”, ha explicado Sumarroca, que ha aclarado que Teyco ha evitado entrar en otros países mayores y con más recorrido, como Brasil, por las dificultades que entraña a nivel administrativo.

Sumarroca ha señalado las dificultades por las que atraviesa el grupo en España, que obligó a Teyco a deshacer las sociedades de promoción inmobiliaria que compartía con la CAM y Banco de Valencia. No obstante, el primer ejecutivo de la compañía ha señalado que el principal problema actualmente en España es poder cobrar los recursos que le deben las administraciones. A la compañía le adeudan 6,8 millones de euros y está a la espera de que el Ministerio de Hacienda cierre un nuevo programa ICO-Proveedores, para asegurar el pago de comunidades autónomas y municipios.

Asimismo, Sumarroca también se ha mostrado como un defensor del proteccionismo empresarial en el momento de adjudicar contratos públicos y ha demandado a la Generalitat dé prioridad a las empresas catalanas en sus concursos públicos. El consejero delegado ha asegurado que ese mismo proteccionismo funciona en el resto de comunidades autónomas.