Las entidades que reciban dinero público tendrán que rendir cuentas

La subida opaca de dietas del Parlamento eclipsa la ley de Transparencia

Susana Díaz y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
Susana Díaz y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.Julio Muñoz (EFE)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el anteproyecto de ley de Transparencia Pública de Andalucía, una presentación que ha sido eclipsada por la subida opaca de las dietas de algunos miembros del Parlamento andaluz. La norma no estará aprobada hasta dentro de un año, según los cálculos de la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

La principal novedad del proyecto es que todas las administraciones, ayuntamientos, entidades y empresas privadas que reciban dinero público estarán obligadas por ley a dar información a los ciudadanos que la reclamen en un plazo de 20 días. Esto implica que los colegios públicos, pero también los concertados tendrán que dar cuenta de su gestión. Igual ocurrirá en el caso de los centros sanitarios que reciban dinero público o de las entidades que concierten con la Administración la presentación de servicios sociales. También se someterán a la ley los partidos políticos, las ONG, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Igualmente las empresas privadas que sean adjudicatarias de contratos con el sector público o que reciban algún tipo de subvención.

El silencio administrativo dejará de ser un hecho, ya que el acceso a la información pública se considera un derecho de los ciudadanos.

La futura norma establecerá un catálogo de información accesible a través de Internet en la que se incluirá la producción normativa, la planificación, la contratación, la gestión de subvenciones, los datos económicos y presupuestarios, las relaciones de puestos de trabajo, el proceso de selección del personal y sus retribuciones anuales, así como las indemnizaciones percibidas por los altos caros percibas por el abandono de su actividad.

En este sentido, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha facilitado hoy la información de que desde el inicio de la legislatura alrededor de 60 ex altos cargos disfrutan de las llamadas cesantías, tras abandonar la Administración, lo que ha supuesto un gasto de un millón de euros.

Pero el avance del anteproyecto ley ha estado totalmente eclipsado por la decisión de los grupos parlamentarios de aprobar una subida de las dietas del presidente del Parlamento y de los portavoces adjuntos de PSOE, PP e IU, decisión a la que se ha dado marcha atrás una vez que salió publicada en la prensa. Díaz ha tenido que responder a cerca de una veintena de preguntas sobre este episodio que ha calificado como un “error” y “falta de sensibilidad”, aunque no ha querido contestar a la pregunta de si esta subida de dietas, de la que el Parlamento no informó, debe saldarse con responsabilidades políticas.

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Susana Díaz ha dicho que el anteproyecto no contempla, al menos por ahora, sanciones para el Parlamento en el que caso de que se produjera un episodio similar y ha esgrimido la “autonomía” de la Cámara para tomar decisiones sobre las retribuciones de los parlamentarios.

El anteproyecto de ley contempla la creación de una autoridad independiente que vigilará el cumplimiento de la norma y que será nombrado por mayoría absoluta del Parlamento durante un periodo de cinco años. También hay previsto un capítulo de sanciones que no podrán exceder el 5% de los fondos públicos recibidos.

El coste de las cesantías

Susana Díaz informó del número de altos cargos que ha percibido indemnizaciones al dejar sus puestos desde el inicio de la legislatura. Son 60 y su coste ha sido de 1.000.090 euros, precisó Hacienda. La consejera de la Presidencia dio este dato cuando presentó el anteproyecto de Transparencia, aunque hasta ahora el Gobierno se negaba a facilitarlo. Díaz se mostró convencida de que a lo largo de este mandato “no habrá otra norma” de tanta repercusión como la de Transparencia, con la que se pretende recuperar la confianza de los ciudadanos, aunque el texto final dependerá mucho de la ley que se tramita en el Congreso y que regirá para todo el Estado. La intención de la Junta es la de marcar la senda a la norma estatal. Aunque la consejera tildó el anteproyecto de “muy ambicioso”, para sus socios de IU presenta “bastantes carencias”, dijo José Antonio Castro, quien confió en una “mejora sustancial” en la larga tramitación. La popular Ana Corredera sentenció: “Es un paripé, una ley que han hecho los mismos que han organizado los ERE”. El PP se mantiene temporalmente ajeno a las negociaciones.

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