Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Valedor advierte sobre Corcoesto que la crisis no ampara la desprotección

“Al contrario, debe convertirse en una oportunidad para mostrar la consistencia del compromiso con el planeta”, aseveró

El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, advirtió ayer —a propósito del polémico proyecto para instalar una mina de oro de Corcoesto que ha suscitado centenares de quejas en su institución— que “la crisis económica no puede servir de excusa para relajar la protección medioambiental”. “Al contrario, debe convertirse en una oportunidad para mostrar la consistencia del compromiso con el planeta”, aseveró.

El comisionado —que ejerce su mandato en funciones desde hace un año cuando dimitió su antecesor Benigno López— anunció que ha encargado un estudio científico a la Universidad de Santiago sobre el proyecto minero a cielo abierto que una multinacional canadiense pretende explocar en la comarca de Cabana de Bergantiños. Según el Valedor el peritaje, cuyas conclusiones se conocerán en las próximas semanas, “arrojará luz para resolver esta cuestión”, informa Europa Press. La oposición le exigió al comisionado que exija a la Xunta la paralización de la mina mientras no vea la luz el informe de la Universidad de Santiago. José Julio Fernández defendió que no tiene “una decisión tomada” pero aprovechó para recordar sus “duras palabras” pronunciadas el año pasado sobre la “falta de claridad” sobre las consecuencias de la explotación minera.

En la misma comparecencia, el comisionado aludió también a la estafa de las participaciones preferentes, otro de los conflictos que más ha sacudido en el último año a la sociedad gallega. Fernández defendió que la venta por parte de bancas y cajas de esos productos financieros a ahorradores tiene que tener “consecuencias penales” porque “los fraudes tienen que tener un castigo en la vía penal”. “Es evidente” que se ha dado una situación de este tipo en el caso de la venta de estos productos bancarios, alegó Fernández. En la presentación de su informe relativo a 2012, José Julio Fernández rechazó que los ahorradores que fueron estafados se vean obligados ahora a aceptar quitas para recuperar parte de su capital. Las personas que “no fueron bien informadas y que fueron objeto de “fraude”, deben “recibir de inmediato todo lo invertido, sin quitas ni detrimentos de ningún tipo”.