La oposición exige investigar la gestión de las ayudas al desarrollo rural

Los partidos de la oposición reaccionaron ayer a las informaciones sobre el alud de irregularidades en la gestión por parte de la Generalitat 128 millones de euros, en parte financiados por Bruselas, que debían servir para potenciar la economía de las zonas rurales y terminaron en toda clase de fines impropios. Unos hechos que investiga la fiscalía. El portavoz socialista Antonio Torres anunció que su grupo ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar “en qué se ha gastado el Consell estas ayudas europeas al desarrollo rural”.

La portavoz de Compromís Mònica Oltra anunció que la semana que viene, en la sesión de control al Gobierno autonómico, preguntará por la gestión de los fondos para desarrollo rural y sobre los que llegaron a Valencia desde el Banco Europeo de Inversiones. Esther López Barceló, diputada de Esquerra Unida, exigió responsabilidades y registró la petición de comparecencia del vicepresidente de la Generalitat José Ciscar, desde febrero responsable de Agricultura.

Barceló consideró “intolerable” que el PP “pueda haber utilizado las ayudas al desarrollo rural para satisfacer los intereses de una gran mayoría de alcaldes del PP”. Barceló también reclamó un “urgente” informe especial de la Sindicatura de Comptes al respecto. El coordinador territorial de UPyD, Romain Muzzati, coincidió igualmente en reclamar explicaciones y afirmó, a la vista de lo conocido hasta ahora, que el “partido de [el presidente de la Generalitat, Alberto] Fabra vuelve a dar la espalda a los valencianos al gobernar solo para sus amigos”.

El socialista Antonio Torres advirtió que el problema no se limita a los fondos para desarrollo rural y los programas agrícolas: “Desgraciadamente, la Comunidad Valenciana no puede solicitar, por ejemplo, ayudas europeas para el desarrollo turístico por la falta de justificación de años anteriores y también hay importantes problemas en la justificación de ayudas de empleo”. Su compañero de partido en el Parlamento Europeo, Andrés Perelló, añadió que seguirá la investigación abierta por la OLAF, la oficina antifraude de la UE. El organismo comunitario confirmó ayer que está estudiando la documentación remitida por la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia.